La decisión del Ministerio de Justicia, con Dolores Delgado al frente (en la imagen), de dejar solo al juez Pablo Llanera ante los tribunales belgas, ha provocado un gran malestar en un amplio sector de los jueces, que considera que ha dejado “tirado” al magistrado, cuando el único fin de las demandas presentadas por Puigdemont y sus cuatro ex consejeros es defender el proceso independentista y así mismo del proceso judicial en España.
La polémica estalla tras la contestación de Delgado al Consejo del Poder Judicial (CGPJ), que pidió hace una semana el amparo del juez a los ministerios de Justicia y Exteriores. “Se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español”, señalaban.
Pero el comunicado de Ministerio de Justicia (en el documento adjunto), por otra, se agarra a que la demanda de los independentistas “incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas” del juez “ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función.”
El CGPJ pidió el amparo del Gobierno por el “flagrante y burdo” ataque en Bélgica contra la independencia de Llarena
A partir de ahí se ha montado el lío. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que está adscrito Llarena, ha mostrado su contrariedad porque el Estado debe defender en la misma media, a su juicio, la soberanía nacional y al juez. Los jueces consideran, además, no sólo la APM, que el Gobierno olvida que lo único que buscan las demandas presentada en Bélicas es hacer daño al magistrado.
El Ministerio de Justicia, sin embargo, señala que el Estado se personará ante la Justicia de Bélgica “en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles”, si la autoridad judicial belga menciona entre sus argumentos “hechos o datos de la causa penal abierta en España contra” el procès.
“El Gobierno -añade- actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción”. Para ello contratará a un bufete de abogados.