Hispanidad viene denunciando los recortes -e intentos de recortes- a las libertades individuales que viene perpetrando el Gobierno de Pedro Sánchez desde que decretó el confinamiento de la población.
Pues bien: según una información de El Economista, el Gobierno hará libre uso de todas las herramientas de geolocalización que ofrecen actualmente los teléfonos móviles, con la colaboración necesaria de los operadores de telecomunicaciones.
Entre otras capacidades, las autoridades estarían en condiciones de conocer cuántos usuarios se han desplazado desde su residencia habitual a cualquier otro lugar, así como la ubicación de las nuevas zonas de destino o si pernoctan en otras comunidades distintas a las de su procedencia, explica el mismo medio.
Ademas, el usuario de telefonía móvil no podrá eludir esta supervisión tecnológica ni con el modo de GPS apagado. Tampoco escaparán los ciudadanos que utilicen móviles muy básicos -los que no son smartphones-, ni aunque carezcan de acceso a Internet ni utilicen aplicaciones móviles. En los anteriores supuestos no habrá impedimento técnico para que los operadores de telefonía puedan situar en el mapa cualquier tarjeta SIM que pase por sus antenas y redes. El mérito reside en la información continua que gestionan las antenas de móviles a las que necesariamente se conectan los dispositivos, añade El Economista.