En la recta final, José María Marín Quemada, presidente de la CNMC (con el mandato vencido desde el pasado septiembre, al igual que otros tres consejeros), ha cedido ante las distribuidoras de gas. Sin embargo, les ha advertido que la deuda acumulada del sistema gasista supera los 1.000 millones de euros.
La CNMC ha recortado la retribución de la distribución del gas un 9,6%, frente al 17,8% que planteó en un principio, para el periodo 2021-2026, y la metodología ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto supondrá reducir la retribución media actual (unos 1.420 millones de euros anuales) a 1.283 millones, es decir, unos 137 millones. El ajuste será progresivo cada año del nuevo periodo regulatorio frente a la metodología actual: un descenso de 29 millones en 2021, de 72 millones en 2022, de 120 millones en 2023, de 155 millones en 2024, de 203 millones en 2025 y de 239 millones en 2026.
La CNMC recorta su retribución un 9,6%, frente al 17,8% planteado inicialmente, y critica que dicho apalancamiento se ha dado mientras las compañías han mejorado sus rentabilidades (+38% desde 2014)
Un ajuste, que según el regulador, se debe a que “es necesario introducir mejoras en el sistema retributivo de la actividad de distribución con algunos cambios que permitan alcanzar mejoras de eficiencia y de competitividad”. Unas mejoras que recogen en la memoria económica y que se deben a varios motivos: la deuda cumulada del sistema gasista supera los 1.000 millones “derivada de los sucesivos déficits anuales, mientras que las empresas transportistas y distribuidoras mejoraban sensiblemente sus rentabilidades”. De hecho, estas últimas se han incrementado un 38% entre 2014 y 2019, según fuentes de la CNMC.
Todo esto se ha producido en un contexto de pérdida de competitividad de los consumidores españoles frente a los europeos, pues los de nuestro país tienen el segundo precio de gas natural más elevado (como recogen los datos de Eurostat correspondientes a 2018), mientras el precio de la materia prima ha bajado. Es más, en los últimos cinco años, el precio en España ha subido un 27% para los consumidores domésticos (unos cerca de 8 millones). Y a esto se une el hecho de que las compañías quieren seguir cobrando por unos activos que ya están pagados.