La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015 es una ley española cuyo anteproyecto se presentó el 29 de noviembre de 2013, basándose en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992. Esta ley entró en vigor el 1 de julio de 2015 y entre sus infracciones se encuentran las que se producirán al incumplir las normas de celebración de reuniones y manifestaciones, fotografiar o grabar a policías cuando esto pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, entre otras, recuerda Wikipedia.
Pues bien: los grupos parlamentarios del Congreso se 'encerrarán' este martes para comenzar a negociar las más de 200 enmiendas presentadas a la reforma de la citada Ley de Seguridad Ciudadana -rebautizada como 'ley mordaza' por sus detractores- con el objetivo de empezar a buscar un acuerdo sobre una iniciativa que ha estado meses y meses 'congelada', recoge Teleprensa.
Este martes los ponentes comenzarán a analizar las 184 enmiendas que han presentado a la proposición de ley del PNV
Este martes los ponentes comenzarán a analizar las 184 enmiendas que han presentado a la proposición de ley del PNV -de las cuales 17 son del PP; 55 de Unidos Podemos; 33 de Ciudadanos; 13 de Esquerra Republicana (ERC); 6 del PDeCAT; y 59 de Bildu, que es el partido que más modificaciones pretende introducir-, así como las 25 presentadas por el PSOE con idea de buscar una transacción sobre estas enmiendas.
En el acuerdo presupuestario firmado a la vuelta del verano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, las partes se comprometieron también a revertir los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión".
Sánchez e Iglesias se comprometieron también a revertir los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo desalentar la protesta social
En concreto, acordaron que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y a que la actuación policial tenga como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos".
Además, defienden la conveniencia de que los agentes lleven siempre una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplique en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.
El acuerdo contemplaba también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio de capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan".