- El peligro de la sentencia del Supremo acerca de la OPV es que puede descalificar al Banco de España, a la CNMV, al Frob y al ICAC.
- Y, por supuesto, a todo el sistema judicial.
- Mientras tanto, la entidad continúa trabajando y gana un 39,2% más (1.040 millones) gracias al descenso de provisiones y dotaciones.
- En contra de lo que ocurre en las demás entidades, las comisiones también retroceden un 1%.
- Lo mejor, la gestión del riesgo: baja la morosidad y sube la tasa de cobertura.
Si el otro día, las cuentas de Caixabank habían quedado en un segundo plano por la dotación de Repsol, en el caso de Bankia, la 'tormenta judicial' se viene fraguando desde hace tiempo, y va creciendo exponencialmente en todas las instancias judiciales. Mientras, la sala de lo Civil del Tribunal Supremo -a mi modo de ver y con todos los respetos, comete una grave irresponsabilidad-, evacua, a través del Poder Judicial, una nota de prensa sobre la resolución de dos recursos de Bankia a dos sentencias condenatorias a propósito de la venta de sus acciones en la OPV del 2011. El comunicado no detalla el texto de las sentencias, que indica se darán a conocer "una vez terminada su redacción", pero sí indica de forma escueta que la desestimación se basa en la confirmación de que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública.
Situaré, en unas líneas, la situación actual penal de Bankia para explicar mi calificación de la nota del Poder Judicial.
Las sentencias a las que se refiere el recurso son dos: una, de un juzgado de Valencia y otra, de Oviedo. Las dos calificaban el folleto de la OPV de engañoso apoyándose en los datos relevantes recogidos sobre la solvencia y los beneficios anunciados, dando por probado que la entidad anunciaba un beneficio de 309 millones de euros (M€), cuando las cuentas finales reflejaron unas pérdidas de 3.030 M€. Grave error material, ya que la salida a bolsa de Bankia se produjo en julio de 2011, por lo que difícilmente en el folleto de la OPV se podía recoger un beneficio de la entidad de 309 M€ pues, además de que el banco se acababa de constituir, las cuentas del ejercicio no se habían cerrado.
En todo caso, lo peor que podría haber sucedido es que en los meses restantes del ejercicio se hubiesen producido estas pérdidas. Por lo que se refiere a los déficits de dotaciones genéricas que parece, igualmente, se aducen en la sentencia, han sido rotundamente desmentidas de nuevo, incluso, por el mismísimo Banco de España (BdE) en una contestación con fecha de enero de este año, a un escrito rogatorio del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Navalcarnero. En la misma, el BdE informa al juzgado de la bondad de las provisiones reflejadas por Bankia en sus primeras cuentas de 2011, además de corroborar, como causa de los ajustes posteriores, a la situación sobrevenida al sistema financiero español por el rápido empeoramiento de la economía mundial, que ni el propio FMI fue capaz de predecir.
El propio BdE y el FROB han sostenido en anteriores ocasiones tesis contrarias a las que han mantenido los peritos del propio BdE nombrados por el juez Andreu, que mantenían que el folleto no expresaba la imagen fiel de la entidad.
El peligro de esta sentencia, si confirma en todos sus puntos lo anunciado en la nota de prensa, es que todo el sistema supervisor y judicial puede quedar descalificado.
Me explico. El Banco de España, por no haber tomado las medidas encaminadas a corregir unas supuestas deficiencias en las cuentas de una entidad supervisada y en una situación especialmente complicada, así como por no manifestar de una forma más concreta, sus discrepancias con los informes, posiblemente ad hoc, realizados por dos funcionarios suyos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por haber admitido un folleto de OPV con unas supuestas irregularidades en los datos presentados, y haber dado su autorización de salida a bolsa, con supuestos perjuicios a los inversores minoristas e institucionales.
El FROB, por haberse prestado al rescate de una entidad -con 22.424 M€-, por parte de la CEE y de los contribuyentes, basándose en unas cuentas supuestamente falseadas.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por cerrar en falso un expediente incoado y resuelto de forma positiva a Deloitte, firma auditora de las cuentas de Bankia, por supuestas irregularidades no detectadas en las cuentas de 2011.
Y, por fin, al sistema judicial, por la desastrosa gestión que se está produciendo al no tener en cuenta la coordinación que debía seguirse en las dos vertientes, civil y penal. Mención especial merece la última decisión de la Sala del Supremo. Con su inconcreción, el Alto tribunal está dejando a los cientos de juicios que se están celebrando en estos días y a los ya celebrados y sentenciados, en una delicada situación que, según mi opinión, debería llevar a la suspensión de todas las sentencias hasta ver lo que resulte del juicio penal. Y ya veremos cómo se encaja legalmente esto teniendo en cuenta, además, la veda abierta por letrados oportunistas a la caza de pleitos que, ahora con esta comunicación, parecen más fáciles de vender a los inversores minoristas de Bankia.
Mientras tanto, la entidad no puede parar máquinas. Lo que se desprende de las cuentas que ha presentado este lunes, al contrario que las otras entidades que ya han pasado por el 'examen' anual, es que ha descendido en un 6,4% su margen de intereses. Según el banco, se ha debido a la bajada en la rentabilidad de los bonos de la SAREB. Igual suerte han corrido las comisiones netas totales, que han descendido un 1%, mientras que en otras entidades financieras éste ha sido el puntal de la recuperación del margen bruto.
A todo esto hay que apuntar que el resultado atribuido neto ha crecido un 39,2% con respecto al 2014, hasta llegar a la cifra de los 1.040 M€. Crecimiento conseguido, en su mayor parte, gracias a los 617 M€ menos dedicados a las dotaciones destinadas a los deterioros de activos, y a las provisiones por las posibles indemnizaciones emanantes de los juicios por la OPV del 2011, como ya he comentado anteriormente. La cifra por este concepto, dotada en este ejercicio, en el total del grupo BFA Bankia, ha ascendido a 1.060 M€ que, junto a los 780 dotados en 2014, hacen un total de 1.840 M€. Algunos, en vista del cariz judicial-político que está tomando el tema, empezamos a pensar que podría no ser suficiente, en especial si los inversores institucionales como Popular y Caixabank, se decidiesen a presentar su correspondiente demanda para recuperar su inversión. Parece que Sabadell no ejercerá esta opción (de momento).
Estos resultados han llevado al Consejo de Administración a elevar en un 50% el dividendo a cargo del 2015. En total, 2,625 euros por acción. Unos 302 M€ a repartir, de los que 194 M€ serán para el Estado por su participación en BFA, y que servirán para la devolución de parte de las ayudas públicas recibidas. Con estos 194 M€ que se recibirán, la devolución de ayudas llegará a los 1.626 M€. Realmente, empezaremos a recuperar ayudas de una forma más eficaz en el momento en el que se coloquen las acciones de la entidad que mantiene el Estado. Pero, con la que está cayendo en todos los frentes, casi mejor esperar.
En la cuenta de resultados de 2015 se ha de tener en cuenta la plusvalía de 117 M€ de la venta del City National Bank of Florida, ejecutada en octubre. Quedan para el presente ejercicio y el de 2017, las plusvalías que genere el acuerdo de venta de Globalvia Infraestructuras, S.A..
Complicada la travesía de Bankia para lograr una recuperación sólida, ya que todas las circunstancias 'extra negocio' son muy perjudiciales, en especial en el sector financiero.
A las autoridades judiciales y supervisoras les vendría bien una llamada a la calma y una petición: tengan un poquito de cabeza, que están 'jugando' con los fondos del Estado y de la CEE.
Rodrigo de Silos
rodrigode@hispanidad.com
