Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sigue cerrando vías al desarrollo energético de España. Tras el cierre progresivo de los siete reactores nucleares que hoy funcionan, que son la primera fuente de generación de electricidad, que se dará entre 2027 y 2035, ahora prohíbe el fracking (la fractura hidráulica, técnica para extraer hidrocarburos del subsuelo), una medida muy innecesaria porque en nuestro país no hay proyectos de exploración relevantes.
De hecho, sólo hay uno muy pequeño, y por tanto, residual, en La Rinconada (Sevilla), que empezó sus trabajos en busca de gas el pasado diciembre, coincidiendo, curiosamente, con el inicio de la Cumbre del Clima (la famosa COP25). Algo que seguramente no debió sentar muy bien a la señora Ribera y ha tomado cartas en el asunto.
La tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio de Climático y Transición Energética se ha visto alterado por la pandemia
En la respuesta que el Gobierno ha dado al senador de Izquierda Confederal Carles Mulet (el de los zombies y el que quería echar a los curas de los hospitales) sobre las medidas para erradicar la fractura hidráulica, se dice que hasta la fecha, no se ha desarrollado en España ningún proyecto que implique el uso de esta técnica, según la Agencia EFE. Y parece que dados los precios actuales del petróleo, tampoco los habrá en un futuro. Además, en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), en concreto, en el artículo 8, prevé limitar los nuevos proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos (aquí entra el hecho de no otorgar nuevas autorizaciones para el fracking).
Este APLCCTE será el marco normativo e institucional para orientar la descarbonización de la economía española a 2050 y entró en la fase final de su tramitación administrativa en febrero, tras pasar por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Después el borrador iba a tratarse en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado, antes de remitirse al Consejo de Ministros, pero el coronavirus ha alterado el proceso.
España y otros nueve países europeos llaman a Bruselas a usar el Pacto Verde como la gran palanca para la recuperación tras esta crisis, y a mantener la ambición ‘verde’
El pasado febrero, la propia Ribera insistió en la importancia de que el anteproyecto llegara “cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento por parte de los grupos parlamentarios”. Y es que, como saben, sólo le gustan las placas solares y los molinillos, pero ¿serán suficientes para generar la luz en nuestro país? Y la pandemia, que es en lo que todo el mundo piensa, no ha frenado su afán ‘verde’, como reflejan estas dos acciones:
- El pasado 31 de marzo, España envío el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a Bruselas.
- El pasado jueves, junto a otros nueve países europeos (Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia), hizo un llamamiento a la Comisión Europea para que use el Pacto Verde como la gran palanca para la recuperación económica tras la crisis del Covid-19. En la carta, se señala, entre otros aspectos que “es imprescindible que la UE mantenga su ambición para mitigar los riesgos y los costes de la inacción frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, pues la protección y conservación de la biodiversidad deben de ser parte fundamental de la respuesta a la crisis global y medioambiental, ya que son vitales para garantizar el bienestar y supervivencia de nuestras sociedades.
Veremos qué hace Bruselas... y cuál es la próxima acción de Ribera, que nunca deja de sorprendernos, pese a que ahora la prioridad sea la crisis sanitaria.