• La apertura del testamento cerrado será clave.
  • El juez de la Audiencia Nacional cree que hay indicios suficientes de que existen bienes inmuebles de Grupo Nueva Rumasa.
  • Bienes que estarían siendo disfrutados por los seis hijos varones, imputados por estafa, insolvencia punible, administración desleal y contra el mercado y los consumidores.
  • A esto se une la demanda que interpuso Begoña contra sus seis hermanos, por fraude, en 2012.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado este martes el embargo de los bienes y derechos económicos que puedan corresponder de la herencia de José María Ruiz-Mateos a los seis hijos varones, imputados por estafa, insolvencia punible, administración desleal y contra el mercado y los consumidores en la emisión de pagarés por parte de Nueva Rumasa. Estamos hablando de Zoilo, Pablo, Álvaro, Javier, José María y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero. Ellos, junto a sus hermanas, Almudena, Socorro, Rocío, Patricia, Paloma, Begoña y Nuria, estarán presentes durante la lectura del testamento cerrado que dejó el empresario y que permanece en poder del notario Carlos Pérez, que aún no ha concretado la fecha de la apertura del documento. Precisamente, el juez de la Mata ha solicitado al notario que comunique al juzgado la fecha y la hora en la que se procederá a la lectura del testamento. Además, le ha pedido que entregue una copia a la secretaria judicial "tan pronto como se haya abierto y protocolarizado". Ciertamente, el testamento puede resultar clave. De la Mata cree que hay indicios suficientes de que existen bienes inmuebles que figuran formalmente a nombre de sociedades vinculadas al denominado Grupo Nueva Rumasa, y que están disfrutando los seis hijos varones querellados. En juego, los derechos de los 4.110 inversores que aportaron unos 337 millones de euros a Nueva Rumasa a través de los pagarés, y de los que aún faltan por reintegrar 289 millones. En todo caso, la apertura del testamento cerrado servirá también para reunir a una familia enfrentada: hijas contra hijos. Como recordarán, en 2012, Begoña acusó a sus hermanos de fraude y destapó el modus operandi en la familia: una asignación mensual (30.000 euros, según su marido) a cambio de que su nombre no aparezca en el patrimonio familiar. Y lo mismo sucedió con el resto de las hermanas, aunque éstas no apoyaron a Begoña en su cruzada. Pablo Ferrer pablo@hispanidad.com