Tras mucho remolonear, el Ministerio de Sanidad ha informado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sobre la identidad de los supuestos expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada de las comunidades autónomas, tras la exigencia del propio CTBG, que consideraba que no se vulnera el derecho a la protección de datos -la excusa que ponía el Gobierno- y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".
Ahora, según ha detallado Sanidad en un comunicado, se ha otorgado a transparencia esta información una vez que "todos los técnicos han prestado su consentimiento sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal". "Por lo que se cumpliría así la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre sus datos protegidos", argumenta el Ministerio.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó que estos expertos son "funcionarios" que tienen derecho a "proteger su intimidad”.
Recordemos que a ese supuesto ‘Comité de Expertos’ aludía constantemente el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cuando el citado comité supuestamente era el encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.
El pasado 13 de diciembre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó que estos expertos son "funcionarios" que tienen derecho a "proteger su intimidad”.
En cualquier caso, los españoles tenemos derecho a conocer la identidad de los supuestos expertos del comité de expertos. Porque si no, ¿de qué tipo de tomadura de pelo de ‘transparencia’ estamos hablando?
De postre, se demuestra que el Gobierno Sánchez no contactó a experto alguno. Por ejemplo, a virólogos no a funcionarios. Así nos ha ido.