• El Gobierno recibe el visto bueno de Bruselas para inyectar dinero público en el banco público.
  • La autorización se conoce el mismo día que las pérdidas históricas en 2016: 1.900 millones.
  • Caixa Geral es el epicentro del problema, pero no el único problema: la venta de Novo Banco sigue atascada.
  • La política no es ajena, con un gobierno socialista dependiente de las izquierdas comunista y anticapitalista.
Una de cal y otra de arena para Caixa Geral de Depósitos, epicentro del problema de la banca portuguesa, cuya salud preocupa tanto como la italiana y por el mismo motivo: los rescates. Por un lado, CGD ha presentado sus resultados de 2016, con pérdidas récord de 1.900 millones. Y por otro, la Comisión Europea ha dado luz verde al Gobierno luso para una inyección pública de 3.900 millones. Se repite así el mismo caso de Italia con el Banco dei Paschi di Siena, que no será el único rescatado, aunque en el caso portugués Bruselas tiene en cuenta que GCD es un banco público -es el primero del país, con una cuota del 23%-, y la recapitalización se hace en las mismas condiciones de mercado que hubiera aceptado un inversor privado. Por tanto, no se puede considerar esa ayuda de Estado como ilegal. El Gobierno portugués tiene así el visto bueno al plan que presentó en diciembre, pero no despeja las sombras del sistema bancario luso. Además, Caixa Geral, está Novo Banco, que no hay modo de colocar a un tercero. La situación se complica, además, porque el Gobierno socialista de António Costa depende de las izquierdas comunista y anticapitalista. El recate del Caixa Geral contempla dos fases. Una, ya completada, es la transferencia a Caixa Geral del 49% del Estado en la filial Parcaixa y otras ayudas, que han sumado 1.400 millones. La segunda llega ahora con la adquisición por el Estado de nuevas acciones ordinarias por 2.500 millones. El límite estaba en 2.700 millones, pero los resultados de 2016 rebajan en 200, hasta 2.500 millones. A partir de ahora, al banco le toca apretarse el cinturón para llegar a la rentabilidad. Las ayudas son a cambio de un drástico recorte de empleo (2.500 trabajadores) y oficinas (unas 500) y un saneamiento financiero a fondo. Las pérdidas, en cualquier caso, son enormes, lo que deja un montón de dudas sobre la gestión de José de Matos, hasta agosto, y de António Domingues -procedente de BPI- que no duró ni tres meses (dimitió a finales de noviembre). El banco lo gobierna ahora Paulo Macedo. Rafael Esparza