- Junts pel Sí y la CUP iniciaron ayer miércoles los trámites para crear las ponencias parlamentarias que deberán elaborar las tres leyes de "desconexión" con el Estado.
- Las formaciones secesionistas registraron en el Parlament las peticiones para elaborar las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social, previstas en la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre.
- Esa declaración independentista fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
- Pero a los independentistas catalanes dicha suspensión se la trae al pairo.
- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, subrayó: "Ustedes se han dado cuenta demasiado tarde de que la independencia iba en serio".
Junts pel Sí y la CUP iniciaron ayer miércoles los trámites para crear las ponencias parlamentarias que deberán elaborar las tres leyes de "desconexión" con el Estado. Las formaciones secesionistas registraron en el Parlament las peticiones para elaborar las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social, previstas en la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Según el diputado de la CUP Benet Salellas son "los tres pilares para que la república catalana pueda existir".
Para intentar sortear una posible impugnación, Junts pel Sí y la CUP modificaron el nombre de las tres normas: la ley de Transitoriedad Jurídica pasa a denominarse de Régimen Jurídico; la de Hacienda Pública se ha convertido en la de la Administración Tributaria, y la de la Seguridad Social es la de Protección Social.
En respuesta a los grupos de la oposición durante su primera sesión de control parlamentario, el presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, subrayó: "Ustedes se han dado cuenta demasiado tarde de que la independencia iba en serio". Puigdemont advirtió, en respuesta a la líder de Ciudadanos en Cataluña,
Inés Arrimadas, de que "el Govern no promoverá ni liderará la mejora de la financiación autonómica", y aclaró que de lo que se trata ahora es de "negociar" el "inicio del camino hacia la independencia", que, en su opinión, es el encargo del "pueblo de Cataluña".
Por otro lado, la Audiencia Nacional va a investigar si las mociones municipales de apoyo a la resolución independentista aprobada por el Parlament el pasado 9-N obedecen a una "estrategia planificada y concertada" para "generar una situación de incumplimiento generalizado de la legalidad constitucional". El juez Ismael Moreno, de acuerdo con la Fiscalía, considera que esta supuesta concertación de decenas de Ayuntamientos catalanes para soslayar la Constitución podría constituir delitos de "rebelión" y de "sedición".
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
