El líder de Vox, Santiago Abascal, visitaba recientemente, acompañado de Rocío Monasterio, el madrileño barrio de Batán, temeroso y cabreado con las barbaridades que hacen los menas, casi todos ellos magrebíes, que la Comunidad decidió instalar en un albergue juvenil de la Casa de Campo.
En esta zona del Paseo de Extremadura, una de las arterias radicales de la capital de España, así como en el pulmón de la Casa de Campo, sin ningún control, los menas se dedican a robar y golpear a los vecinos, que viven encerrados en sus casas. Y no por coabrdía, pero ni el más valiente puede hacer frenta a grupos de veinte (algunos dejaron de ser menores hace tiempo) que te atacan armados con palos, sillas, etc.
No son niños, son delincuentes, que se dedican a hacer mataleones, es decir, asfixiar a las víctimas hasta la pérdida del conocimiento mientras les desvalijan. Todavía no han provocado un muerto pero la hipótesis entra dentro de lo previsible.
La okupación de residencias particulares ha pasado de hechos aislados a tónica habitual
Y un detalle que tiene su enjundia, Estos menas se burlan de la policía porque saben que están atados de pies y manos. No pueden hacer nada: no saben su origen, cuesta demostrar su edad, ni tan siquiera saben a dónde tendrían que deportarlos y, sobre todo, no tienen nada que perder… así que se dedican al saqueo. O sea, la impunidad, marca de fábrica del sanchismo.
Lo mismo ocurre, sobre todo en Cataluña, con la okupación de casas y domicilios. Se hacen famosos los casos de okupas que encima denuncian al propietario que ha osado recuperar su pertenencia -sí, ante los tribunales- o aquellos que pretenden cobrar un alquiler al dueño para irse. Impunidad.
Y no olviden lo peor de la impunidad: cuando el ciudadano perciba que el Estado no cumple con la primera de sus obligaciones, garantizar su seguridad, se tomará la justicia por su mano.
El gobierno Sánchez nos habla de un sistema garantista. Cierto, muchas garantías para el delincuente, ninguna para la víctima
Pongo el ejemplo del Batán y de Cataluña porque es un indicativo claro y comprobable de lo que está ocurriendo en España: crece el miedo y la violencia pero, sobre todo, crece la impunidad. El español ha dejado de confiar en la justicia. En Moncloa hablan de un sistema judicial garantista. En efecto, todas las garantías para el delincuente, ninguna para la víctima. Y un aviso para navegantes: si vais contra el discurso dominante, no digamos nada contra el Gobierno, perded toda esperanza de encontrar justicia… en la Administración de Justicia.
A todo lo anterior añadan una desmoralización general de la policía en la lucha contra el delito: se juegan el tipo con la convicción de que no servirá para nada.
De la impunidad a la ley de la selva sólo hay un paso.