La Junta Electoral Central (JEC) acordó dejar al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, sin el acta de diputado el pasado 3 de enero. La razón fue la condena por desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre, por no retirar los lazos amarillos de la sede de Generalitat en periodo electoral.

Entonces, Torra presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra esa decisión de la Junta Electoral Central en el que pedía al Supremo, como medida cautelarísima, la suspensión del acuerdo de la JEC.

Pues bien: este viernes, el Tribunal Supremo ha vuelto a avalar la decisión que la JEC tomó el pasado 3 de enero de dejar al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, sin el acta de diputado. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal considera que no hay razones de urgencia para rectificar la decisión de este órgano, que aplicó la Ley del Régimen Electoral General, que proclama la inelegibilidad de los «condenados por sentencia, aunque no sea firme» por delitos contra la Administración Pública cuando esa condena haya establecido la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, informa ABC.

El estudio sobre el fondo del asunto, así como una posible suspensión una vez oídas el resto de partes en el litigio, se verá por el Tribunal Supremo más adelante

El estudio sobre el fondo del asunto, así como una posible suspensión una vez oídas el resto de partes en el litigio, se verá por el Tribunal Supremo más adelante.

La decisión afecta a su cargo como diputado en el Parlament de Cataluña, por lo que este órgano deberá estudiar cómo afecta a su condición de President, que exige que sea miembro de la Cámara autonómica. O sea, que es decisión del Parlament, como ya dejó claro la JEC, decidir si puede seguir ostentando este cargo sin ser parlamentario.

Torra consideró en su día que la resolución de la JEC obedece a una “persecución de tipo político” para cesarle, “usurpando” competencias del Parlament. Por su parte, el Govern “no acatará” la orden, según afirmó la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, recuerda La Vanguardia.