No le busquen tres pies al gato. La suspensión del juicio por las preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tiene una explicación bien sencilla: cuando compró la caja, el Sabadell ofreció recomprar las acciones a los afectados. La mayoría aceptó, de tal manera que el abogado Diego de Ramón (representa a unos 1.000 clientes) y la asociación Adicae (700 afectados), se han retirado como acusación particular: ya no existe perjuicio.
Eso sí, Adicae continúa como acusación popular aunque las posibilidades de que se reabra la causa son remotas.
Como no podría ser de otra manera, la suspensión del juicio ha sido celebrada por los dos acusados, los ex directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós. De un plumazo han visto cómo se ha esfumado la posibilidad de ser condenados, cada uno de ellos, a diez años de prisión por los delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas por la venta de preferentes y de deuda subordinada, emitidas en 2009.
Un alivio que, sin embargo, no es pleno ya que ambos fueron condenados en 2017 a tres años de cárcel por el falseo de las cuentas de la CAM en 2010 y 2011.