El Gobierno ha solicitado este lunes al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la licencia de obras para iniciar los trabajos de exhumación de los enterrados en el Valle de los Caídos. Es una medida que nada tiene que ver, por supuesto, con las elecciones a la Comunidad de Madrid, el 4 de mayo. El Consistorio sanlorentino podría tardar hasta dos meses en otorgar el permiso.
En el Valle de los Caídos están enterradas unas 34.000 personas, de las que 12.510 no están identificadas, es decir, no se sabe si están allí o no. Esto es importante, porque de las 60 familias que han solicitado exhumar los cuerpos de sus familiares, la mayoría no están identificados. Pueden estar en el Valle o no, y la razón de que no se sepa no es, como se quiere hacer ver desde el Gobierno socialista, porque fueron robados por los malvados franquistas, sino porque no fueron identificados en su momento y en su lugar de origen.
Cuando Franco decidió trasladar al Valle de los Caídos a los republicanos muertos en la guerra civil lo hizo para dignificar e igualar a los caídos de ambos bandos y no para humillarlos. ¿Cómo iba a humillar si ni siquiera se sabía de quién eran los restos?
Ahora, el Gobierno pretende exhumar los restos de unas 60 personas que ni siquiera se sabe si están allí enterradas, lo que provocará un caos absoluto. Y ojo, porque hasta 212 familias de enterrados en el Valle han solicitado que no toque a sus familiares, según la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. La Asociación que preside Pablo Linares ya ha manifestado en más de una ocasión su respeto hacia la decisión de las 60 familias, un respeto que también merecen, de la misma manera, las otras 212 familias.
Lo que pretende la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática es una locura y, lo peor, prácticamente imposible de realizar, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. ¿Cómo asegurar que no se tocan los demás restos mortales si ni siquiera se sabe si los que se buscan están enterrados allí? En este sentido, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ya tiene preparados varios recursos para que las exhumaciones no se lleven a cabo.
Luego está el asunto del presupuesto. Según el Gobierno, los trabajos costarán 665.000 euros, pero un informe de 2018 del Ministerio de Justicia cifra las exhumaciones en casi 214 millones de euros.
Sea como fuere, el objetivo del Gobierno Sánchez, no hay que olvidarlo, es derribar la cruz y desacralizar la iglesia -y expulsar a los monjes benedictinos- que fue elevada a Basílica Menor por el Papa Beato Juan XXIII, y convertirla -resignificarla- en un lugar de memoria histórica… republicana, naturalmente.
“Nunca defenderé el Valle de los Caídos”, aseguró Pablo Casado en 2018. El presidente del PP tal vez ignore que no hay ningún otro lugar en el mundo donde se hayan enterrado a las víctimas de ambos bandos de una guerra con la intención de dignificarlas a todas por igual y de buscar la reconciliación y el perdón. De la izquierda se puede esperar que mientan y tergiversen la historia -lo hacen constantemente- pero del presidente del PP se puede esperar que no caiga en la demagogia progre. ¿O no?. El permiso para comenzar las obras depende del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por el PP y Ciudadanos.
Por cierto cuando los monjes sean expulsadas habrá que cerrar la escolanía y la hospedería jamás volverá a abrir.