Lo habitual en democracia es que el ciudadano denuncie al político. Pero, llegó Podemos -y Pablo Iglesias- al poder, ese partido que quería regenerar la política española -, y las tornas han cambiado.
Ejemplo, según publica La Razón, el exvicepresidente del Gobierno -siendo todavía vicepresidente- acusó a un vecino por acoso a su vivienda. Ahora, amplía su denuncia y añade que quiere “desalojarle” de España. ¡Pablo, qué cursi eres!
Cursi y vengativo porque la denuncia del líder podemita al vecino ya le ha costado a este más de 15.000 euros por una decena de sanciones basadas en una desobediencia a la autoridad. Tal desobediencia se traduce en hechos acaecidos en las inmediaciones del chalet del ex vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad entre el 20 de julio y el 14 de septiembre del pasado año, a las que hay que añadir otra propuesta de sanción del 1 de julio de 2020.
Los objetos de las sanciones -siempre por desobediencia a agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones imputan al vecino de Galapagar conductas que van desde intentar saltarse el perímetro de seguridad en torno a la vivienda hasta faltas de respeto a los agentes -que el denunciado niega– y no respetar el descanso de los vecinos (por hacer sonar en su vehículos el himno de España y el de la Guardia Civil) o perturbar el hábitat del medio natural.
Todo esto teniendo en cuenta que el acosado se desplaza rodeado por una nube de guardaespaldas, que le acompañan incluso cuando se acerca a quienes le increpan para mostrar su lado más valiente. Con esta actuación, podría decirse que Pablo Iglesias ha inaugurado una nueva perversión que consiste en que el gobernante denuncia al gobernado. Dicho de otra manera, el presunto verdugo se convierte en presunta víctima.