Vicente Fernández ha dimitido como presidente de la SEPI tras ser imputado por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Un caso judicial que ha reabierto la Audiencia Provincial de Sevilla por presuntas irregularidades. Y todo ello, pese a que el Gobierno Sánchez está en funciones y en período preelectoral.
El auto (firmado por cinco magistrados y que tiene como ponente a la juez Mercedes Alaya) no sólo habla de indicios de un presunto delito de prevaricación y otro de malversación, también de “indicios ostensibles” de un presunto delito de tráfico de influencias. Y es que Fernández pudo maniobrar a favor de los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, dueños de la empresa cordobesa Magtel, con los que tenía una “excelente relación personal”, tal y como reflejan correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El auto no sólo habla de indicios de un presunto delito de prevaricación y otro de malversación, también de tráfico de influencias por la amistad entre Fernández y los dueños de Magtel
La Audiencia Provincial de Sevilla considera que el concurso estuvo lleno de ilegalidades. De hecho, Aznalcóllar fue adjudicada al consorcio Minorbis-Grupo México (Minorbis era filial de Magtel) en febrero de 2015, pese a que no cumplía los requisitos y era inferior a la oferta presentada por Emerita Resources. Además, meses después se creó la sociedad Minera Los Frailes para gestionar la mina, donde Minorbis y Magtel apenas tenían participación, surgiendo sospechas de que más bien habían sido meros intermediarios de Grupo México.
Tanto cuando se lanzó el concurso como cuando se adjudicó, Fernández era secretario general de Industria de la Junta, cargo desde el que un año después saltó al de Interventor General de la Junta. Más tarde, en junio de 2018, llegó a la SEPI gracias a ser un hombre de confianza de la ministra de Hacienda, hoy en funciones, María Jesús Montero. Precisamente, ha sido esta última, la que ha anunciado que Fernández ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, lo que se materializará en el próximo Consejo de Ministros. Eso sí, ha recordado que es un caso que se ha archivado en dos ocasiones.