• La CNMC dice que los decretos son contrarios a la competencia y recurre por la vía contencioso-administrativa.
  • ¿Cómo que limitar el número de viviendas o los meses de alquiler y poner requisitos? Marín Quemada no traga.
  • También ha levantado polémicas por su apoyo a Uber o Cabify, entre los taxistas, o la falta de competencia entre dentistas.
  • Ahora entra en el terreno de los alojamientos turísticos, sobre el que han legislado varias autonomías.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se ha agarrado al imperativo de sus siglas para interponer un recurso contencioso-administrativo contra los decretos aprobados en Galicia y de Castilla y León para regular los apartamentos y viviendas turísticas. Claro, la decisión de José María Marín Quemada (en la imagen) llega en un momento del debate, no menor, por esa cuestión -no ha terminado el verano- y varias autonomías se han apresurado a legislar en la materia con argumentos de peso (como Baleares) o por oportunidad coyuntural. El argumento de la CNMC es el mismo para Galicia y Castilla y León: sus normas son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente. En el caso gallego, por los "obstáculos injustificados" como que sea obligatorio ceder toda la vivienda para el fin turístico o que se limite el tiempo de alquiler (tres meses) o el número de viviendas, o se añadan requisitos como un catálogo de requisitos técnicos y servicios mínimos. En el caso castellano, por incluir los precios en catálogos, directorios o guías, al tiempo que la Administración se reserve la prerrogativa de recomendar precios, se obligue a fijar un distintivo o se obligue la asistencia telefónica durante las 24 horas. Las dos autonomías ya fueron requeridas en abril y se negaron a modificar las normas. De ahí el recurso, ahora, por la vía contencioso-administrativa. La CNMC puede impugnar las disposiciones generales de rango inferior a la ley, como es el caso. Marín Quemada procede así en su versión más liberal, del mismo modo que ha hecho otras veces, cuando ha actuado contra dentistas y taxistas. Impuso una multa con 234.738 euros al Consejo General de Odontólogos por tratar de impedir que los pacientes escogieran libremente su propio protésico dental. Y, en paralelo, recurrió las ordenanzas contra Uber en Málaga y Córdoba, porque fortalecían un régimen de monopolio del taxi, algo parecido en su planteamiento favorable a la actividad de Cabify. Rafael Esparza