Denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. Según ABC, hasta seis delitos integran la denuncia que Vox ha interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente Pablo Iglesias y los demás protagonistas de las revelaciones del caso Dina -ahora transformado en caso Iglesias-, entre ellos la propia exasesora de Iglesias -Dina Bousselham, quien denunció la destrucción de la tarjeta de su móvil robado-, la abogada Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa, quien supuestamente habría filtrado a la letrada datos de la investigación secreta.
La denuncia de la formación de Abascal, sumada a la investigación que sobre la concreta actuación de Stampa abrió la Fiscalía General la semana pasada, supone una nueva derivada en esta pieza del caso Villarejo, quien paradójicamente podría verse beneficiado por este enredo cuyas consecuencias judiciales son aún desconocidas pero que desde el punto de vista político están comprometiendo la imagen del vicepresidente del Gobierno, quien en su afán de mantener la tesis de las cloacas, no ha dudado en arremeter contra el juez acusándole de llevar a cabo una investigación sin base legal alguna. Por lo pronto, la defensa del comisario jubilado ya ha anunciado que pedirá que los fiscales del caso -Stampa y Serrano- sean apartados de todo el procedimiento al entender que se trata de unos «hechos gravísimos» y que si se demuestran sus vínculos con Podemos quedarían invalidados para todas las piezas en las que la formación morada está personada, más de una veintena.
Prueba de que existían esos contacto, recuerda la formación de Abascal, es que, según las revelaciones que han trascendido, fue Marta Flor (la abogada de Podemos) quien reconoció «haber tenido información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de Anticorrupción al que apodaba Ironman» (supuestamente Stampa, con quien al parecer mantenía una estrecha relación).