El pasado martes, Vox hizo públicas sus 19 propuestas a cambio de apoyar al popular Juan Manuel Moreno Bonilla para que sea presidente de la Junta de Andalucía y las críticas no se hicieron esperar. Entre ellas, por la referida a la inmigración ilegal, que habla de la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales. Pero Vox no pide algo tan “inaceptable”, como calificó el PP dicho documento, y menos para este partido porque estando en el Gobierno echó a 54.965 inmigrantes entre 2013 y 2017, un periodo en el que no había ‘efecto llamada’ ni saturación en muchos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como ahora.
Esta cifra recogida por El País, al hacerse eco de la respuesta del Ministerio del Interior a la senadora Maribel Mora (Unidos Podemos), supone una media de 30 inmigrantes expulsados al día. Marruecos lidera el ranking, con 30.832 repatriaciones, seguido a mucha distancia de Argelia (4.479)… gracias a acuerdos bilaterales en materia de inmigración con España, que también los tiene con otros países. Cifras que no son baladí con el actual contexto andaluz. Vox acusa a la Junta de encubrir la inmigración irregular, “pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”. Además, entre otras cosas, propone acabar con el ‘efecto llamada’, apostando por “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales”.
La ayuda de 400 euros a los 55.000 inmigrantes malienses que hay en España costaría 22 millones de euros
Esto último parece una clara respuesta a un reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su visita a las tropas españolas en Mali, propuso incentivar el retorno voluntario de los inmigrantes de dicho país con el pago del billete de avión, una ayuda de 400 euros y un suplemento de entre 100 y 1.000 euros si el interesado presenta un proyecto empresarial en su país de origen. Ojo, porque solo la ayuda de 400 euros a los 55.000 inmigrantes malienses que hay en España costaría 22 millones de euros. Y a esta cifra habría que sumar las del resto de la propuesta, así como el contrato de vuelos para deportar a migrantes durante 2018 y 2019 por 9,9 millones adjudicado por el anterior Ejecutivo (el de Mariano Rajoy) a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair, según publlicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mayo.