Sin una sola protesta han aceptado los habitantes de la comarca de Segría, 38 municipios y cuya capital es Lérida, la decisión de Generalitat de confinar a sus más de 200.000 habitantes.

Se trata de un confinamiento selectivo, opción que sugirió el jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y que ayer viernes descartaba la consejera de Sanidad, Alba Vergés.

La misma Vergés que hoy lo justificaba alegando que “es imprescindible actuar de esta manera”.

Hasta hace poco más de media hora, se permitía la salida de todas las personas que no tengan su domicilio en la comarca del Segrià y la entrada a las que tengan su domicilio dentro de esta unidad territorial. A partir de ahora, sólo podrán entrar o salir personas que trabajen en la comarca, aunque se permitirán los desplazamientos por autovías y autopistas que atraviesan la zona, siempre que no sean con origen o destino en el Segrià.

A principios de esta semana, Salvador Illa ya hablaba de la posibilidad de adoptar confinamientos "quirúrgicos" frente a rebrotes como aislar colectivos, edificios y zonas expuestas

“Sólo se podrá entrar y salir de la comarca por motivos de urgencia o laborales”, ha dicho el consejero de Interior, Miquel Buch pese a que hasta el lunes 7 de julio será muy difícil obtener los certificados de las empresas. Buch ha añadido que tanto los Mossos como las policías locales multarán a los ciudadanos que vulneren las normas del confinamiento que no tiene fecha de finalización, según ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra: "Damos un paso atrás para protegernos y tomaremos todas las decisiones para frenar el contagio”.

Además de restringir la movilidad, la Generalitat ha prohibido las reuniones de más de 10 personas, “ya sea en el ámbito privado o público”, con el objetivo de limitar los contagios.

El Gobierno de Torra también prohíbe las visitas de los familiares a los geriátricos, cierra los centros de día para la tercera edad y recomienda a las personas mayores permanecer confinadas en sus domicilios y salir sólo para lo “absolutamente imprescindible”.

Lérida se convierte así en la primera área española que vuelve atrás en el proceso de desescalada tras casi tres meses de aplicación del estado de alarma.

En los últimos meses, cientos de trabajadores han aterrizado en Lérida, y los pueblos de alrededor, para trabajar en la cosecha de la fruta

Para la decisión, han sido básicos los ocho rebrotes detectados. La incidencia de casos en la zona se ha doblado en una semana. Se ha pasado de 167 casos detectado a más de 400 y en paralelo han aumentado las hospitalizaciones. En total, más de 4.000 positivos desde el inicio de la pandemia.

El departamento de Salud de la zona ha informado de que los brotes de contagio se han detectado en cuatro empresas frutícolas una empresa agroalimentaria, un geriátrico, una comunidad de vecinos y un hostal en el que se atiende a personas sin hogar.

“La crisis en Lleida no solo es sanitaria, también hay un fuerte componente social”, ha dicho Vergés para referirse implícitamente a la relación existente entre el aumento de los contagios y la presencia de temporeros para recoger la fruta o personas con vulnerabilidad social.

Lérida se convierte así en la primera área española que vuelve atrás en el proceso de desescalada tras casi tres meses de aplicación del estado de alarma.

Y es que, cientos de trabajadores han aterrizado en Lérida y los pueblos de su alrededor en los últimos meses para trabajar en la cosecha de la fruta, según recoge en la edición de este sábado El Periódico que, en un reportaje, sitúa a las granjas abandonadas de la zona como uno de los cobijos de los temporeros. “Otros duermen amontonados en pisos, garajes o, directamente, tendidos en la calle. Hace décadas que las administraciones miran de reojo este drama campaña tras campaña. Pero este año, la pandemia mundial del coronavirus ha extremado la miseria de los temporeros a la par que el miedo a los contagios. Algunos de ellos rehúyen los radares sanitarios de la administración porque temen perder el trabajo”.

La decisión que ha tomado la Generalitat no sorprende al ministro de Sanidad, Salvador Illa que, también en El Periódico y en una entrevista publicada hoy reconoce que el Gobierno ha pecado de arrogancia y en que se actuó tarde pero…(con matices) no solo España sino todo el mundo. Anuncia que el Gobierno se está preparando para un posible rebrote nacional en octubre.

A principios de esta semana, Illa ya hablaba de la posibilidad de adoptar confinamientos "quirúrgicos" frente a rebrotes como aislar colectivos, edificios y zonas expuestas.

Se trata de aislamientos selectivos que se atienen a la Ley de Salud Pública del año 1986 por la que serán las propias Comunidades Autónomas en las que se producen los focos quienes tomarán la decisión.