Cuando Josep Borrell fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores se produjo cierta tranquilidad en España, sobre todo entre los catalanes no independentistas. Llegaba a la escena el político valiente que se atrevió a cuestionar la esencia del separatismo en Cataluña. Tal era así, que incluso la localidad de nacimiento de Borrell, la Pobla de Segur, anunció que le iban a quitar la calle que lleva su nombre por sus declaraciones contrarias al "procès".

¡Ah, amigo mío!, desde su sillón en el nuevo Gobierno ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora D. Josep, y la mayor parte de las ministras y los ministros, defienden que los procesados por golpistas deben estar en libertad preventiva (o sea, en la calle). Otros sostienen que si son condenados deberán ser indultados, y solo falta que aparezca alguien que afirme que no se cometió delito de rebelión. Es decepcionante que quien pudiera decir, hace relativamente poco, "a prisión van las personas que el juez dice que tienen que ir", manifestara, unos meses después que los políticos presos deberían estar en situación de preventivos…"preferiría que estuvieran en libertad condicional". El presidente solo dice que al problema político de Cataluña, solo le falta “empatía”.

Josep Borrell llegó cuestionando la esencia del separatismo en Cataluña

Los que mantienen que los políticos presos deberían estar en libertad preventiva afirman que no hay riesgo de fuga, nada más lejos de la realidad mientras Bélgica siga siendo un paraíso penal y haya dinero público para pagar sus gastos allí. Pero es que, además, lo importante no es solo el riesgo de fuga, sino algo mucho peor, hay peligro de reincidencia, como es evidente ante las declaraciones de algunos de ellos que dicen, una y otra vez, que harían lo mismo si la situación se repitiera.

Los que piensan en el indulto, antes habrían de ser condenados, y tras ello, solicitar la gracia, aceptar la sentencia, es decir los hechos por los que han sido condenados y pedir perdón sincero por su actuación golpista.

¿Pero es que no hay ningún ministro, o ministra, que piense, y lo exprese, que el procesamiento es legal, justo y constitucional y que, a la vista de los hechos, puros y duros, no cabe libertad preventiva? Me imagino que alguno o alguna habrá, pero no tienen la valentía de manifestarlo por miedo a una “reprimenda" propia o ajena y, en todo caso, a perder su condición de ministro de un gobierno de España, con las prebendas que ello siempre conlleva.

No es legalmente posible en nuestro ordenamiento jurídico la celebración de un referéndum solo en Cataluña

Esta semana, nuestro presidente ha estado en Quebec y me imagino que habrá preguntado cuál es la situación allí. Y es que la realidad ha demostrado que después de los referéndums habidos, y que han sido contrarios a la independencia, el nivel de apoyo a la misma ha descendido ostensiblemente. El partido quebequense apenas tiene el 15% de la intención de voto en las elecciones a celebrar allí el próximo 1 de octubre. Sin olvidar, y esto es lo importante, que la situación no es comparable con el problema catalán. No existe una Constitución como la nuestra de 1978 que manifieste en su artículo 2 que la misma se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y, por tanto, sería necesaria una consulta nacional con las mayorías que establece nuestra Carta Magna para autorizar una modificación que contemplara el derecho de autodeterminación de una Comunidad Autónoma.

En definitiva, no es legalmente posible en nuestro ordenamiento jurídico la celebración de un referéndum solo en Cataluña para separarse del resto de España. "Mr. Empatía", sin embargo, sí cree que se puede jugar con el fuego y los insaciables separatistas, lo abrasaran vivo en las páginas de la historia de nuestro país, en las que está obsesionado por entrar.

Al margen de ello, y no menos importante, en la Cataluña actual, existe una relevante mayoría de ciudadanos que no quieren la independencia y se sienten, por esa circunstancia, marginados y repudiados por las instituciones autonómicas que deberían gobernarles y respetar su derecho inalienable a ser catalanes de primera.

Dejémonos pues, de juegos peligrosos. Exijamos, por el bien de España, y de una significativa mayoría de sus ciudadanos, que se aplique el artículo 155 en toda su amplitud, o de lo contrario que se convoquen elecciones generales ya. Sin más demora.