Recordarán ustedes que hace tres años el Gobierno sacó una normativa de segunda oportunidad para pequeños empresarios y particulares. Básicamente una normativa paraconcursal, para permitir a los anteriores refinanciar sus deudas en un proceso de negociación con las entidades, que quitara presión social a los dramas personales generados por la crisis… de sobreendeudamiento.

La norma ha resultado un desastre porque es muy fácil decretar que los acuerdos entre los deudores y acreedores podrán incorporar quitas de hasta el 75% y demoras en el pago de hasta diez años, cuando los acuerdos, por propia definición, requieren justamente eso: acuerdo entre las partes.

Un desastre, también, porque no se dota al proceso de medios: el Gobierno obliga a los notarios a trabajar gratis y aprueba unos honorarios para los mediadores que, en muy rara ocasión, superan los 150 euros por caso. Así que los procesos están fracasando y en la mayoría de los casos acaban en la declaración de un concurso de liquidación de los activos del deudor.

Encima, la norma es ‘generosa’ con los mediadores: rara vez se obtiene más de 150 euros

La banca, que es de lo que les quería hablar, no está colaborativa en estos procesos y no lo está con razón.

En la mayoría de los casos los deudores se acogen al proceso de mediación para parar la ejecución de los créditos de los bancos. En una palabra: para parar la ejecución de la vivienda en la que habitan, y alguna más si la tienen, y permanecer en la misma por más tiempo. Así que todo el proceso sólo sirve para aumentar la inseguridad jurídica que supone que se tan sólo se trata de una estratagema para retrasar las ejecuciones que se reanudan cuando se llega al concurso por el fracaso en la consecución de acuerdos.  Ante esta tesitura, los bancos venden los créditos a los famosos fondos buitre, lo que aumenta la complejidad de los procesos como consecuencia de que hay más actores y con relaciones jurídicas más difíciles.

Conclusión: un fracaso que suele acabar con la liquidación de los activos del deudor

La banca, ante el fuerte incremento del número de casos de particulares que se acogen a esta normativa, animados por los despachos de abogados buitre que se dedican al populismo jurídico, han optado por cerrarse a cualquier tipo de acuerdo si no ha vendido el crédito ya.

Este retraso en la solución a las situaciones de insolvencia deteriora los nervios de los particulares afectados y aumenta el sentimiento de frustración ante el fracaso de las expectativas creadas con el BOE y las ruedas de prensa de la Moncloa. Deteriora el valor de las carteras de los créditos de los bancos. Enfada a los notarios que incurren en gastos que no se les compensan y es un quebradero para el Ministerio de Justicia, que no encuentra mediadores para los miles de casos que se le plantean.