Lo hizo Cristóbal Montoro en enero de 2018 cuando fue acusado por las comunidades autónomas de chantaje al anunciar que iba congelar más de 4.000 millones ante la falta de presupuestos. Esos 4.000 millones suponían la diferencia entre el dinero que recibieron las autonomías en 2017 y los fondos que estaba previsto repartir en 2018. Al no haber presupuestos, Montoro quería distribuir la misma cantidad que en el ejercicio anterior porque, aseguraba, no tenía margen para incrementar los fondos debido a la prórroga presupuestaria. En ese momento, el PNV no parecía dispuesto a dar su voto a las cuentas del PP porque no apreciaba cambios, argumentaba, en la situación política de Cataluña. De tal manera que, ante la negativa de los nacionalistas vascos, la presión de Montoro se dirigió hacia los socialistas que denunciaban cómo el Gobierno del PP estaba jugando con fuego al retener parte de la financiación y lo tachaban de irresponsable.

En julio, la ministra Montero, hablaba de desligar las entregas a cuenta de los Presupuestos y explicaba que la Abogacía del Estado había encontrado “la cobertura legal” para sacar esos fondos de la ley de las Cuentas del Estado

Ahora, es Mª Jesús Montero, la que utiliza las entregas a cuenta para forzar la máquina de la abstención y conseguir formar Gobierno. Lo ha dicho, en un ataque de claridad que nos deja pasmados, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al ser preguntada por el culebrón: “El desbloqueo está en sus manos, que se abstengan”. La frase de Carmen Calvo, que emplaza a PP y Ciudadanos a cambiar su voto, pone en evidencia que la crisis generada con la retención de los cerca de 7.000 millones que corresponden a las comunidades es, en realidad, uno de los últimos cartuchos que está utilizando el Gobierno en funciones para tratar de asegurar a toda costa la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa sin tener que acudir a nuevas elecciones. Es más, en su estrategia, no ha dudado en utilizar a la Abogacía del Estado que asegura, en lo que primero fue un informe fantasma que después se convirtió en un documento de 13 páginas, que, entre las actuaciones que tiene prohibidas un Gobierno en funciones, está la aprobación de las cuentas del Estado y la revisión de las entregas a cuenta a las comunidades,

La falta de actualización de las entregas a cuenta, es decir, los recursos que deben recibir por los impuestos ya cobrados en sus respectivos territorios, es un problema que sufren las comunidades del régimen común, o lo que es lo mismo, todas menos el País Vasco y Navarra. A lo largo del último mes, los gobiernos de Galicia, Andalucía o Castilla y León, todas ellos del PP, junto a los de Asturias, Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, liderados por el PSOE, además de Cataluña, han hablado de las dificultades que iba a suponer para sus arcas públicas el no percibir los cerca de 7.000 millones que estiman que les adeuda el Estado.

“El desbloqueo está en sus manos, que se abstengan” decía la vicepresidenta Carmen Calvo en referencia al PP y Ciudadanos a los que empezaba a cambiar su voto para hacer posible la investidura de Sánchez

En su día, el PSOE se refirió como “anomalía en el funcionamiento de las instituciones” la vinculación de los presupuestos con la financiación autonómica. Es más, el pasado mes de julio, la ministra Montero, hablaba de desligar las entregas de los Presupuestos y aludía, como no, a la Abogacía del Estado al señalar que había encontrado “la cobertura legal” para sacar esos fondos de la ley de las Cuentas del Estado, de manera que, a través de un decreto ley que habría de pasar por el Consejo de Ministros, y más tarde recibir la mayoría del Congreso, daría luz verde a la actualización a esta partida.

Y es que, y según los expertos, uno de los problemas del sistema de financiación autonómica es que en gran parte funciona en base a esas entregas a cuenta. Es decir, el Estado estima cuánto debe ir a cada comunidad autónoma y se lo entrega. Luego, a los dos años... sí ¡a los dos años!, se concreta lo que realmente deberían haber recibido y se hace una liquidación. Cuando las liquidaciones son favorables a las comunidades no hay problema, pero cuando no lo son, las cuentas autonómicas saltan por los aires.