El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se estrenaba en el Congreso, en la comisión del Pacto de Toledo, el pasado jueves tras dos meses en el cargo sin apenas salir a la palestra. Dejó claro que tendrá lista la propuesta de reforma del sistema de pensiones para después del verano, así que habrá que esperar hasta entonces para ver si lo que propone resuelve el problema.
De momento, Escrivá anuncia que quiere endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias, incentivar el retraso de la jubilación y eliminar las deducciones fiscales a los planes de pensiones privados que tienen suscritos casi ocho millones personas en nuestro país. Escrivá quiere, además, ir desplazando el beneficio fiscal a los planes de empresa, una especie casi inexistente en España que solo tiene cierto desarrollo en el País Vasco.
Es más, el ministro habla de pagar las pensiones del babyboom bajando un 50% los beneficios fiscales, lo que supone darle una razón más al Gobierno para eliminar determinadas deducciones.
La AIReF acaba de entregar al Ejecutivo un estado de la situación del informe sobre la eficiencia del gasto público que se resume en 13 beneficios fiscales que se aplican sobre el Impuesto de Sociedades, el IRPF, el IVA e impuestos especiales
¿Por qué? Pues porque, tanto el PSOE como Unidas Podemos, ahora en Gobierno de coalición, ya anunciaron, cuando escenificaron el pacto del abrazo, que asumían al cien por cien la necesidad de revisar la eficacia y la conveniencia de estas reducciones tributarias, un objetivo que, en parte, se apoyará en el informe que está preparando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al respecto y desde hace un año cuando aún estaba al frente de este organismo el actual ministro de Seguridad Social.
Ya lo decía Nadia Calviño hace apenas unos meses “Respecto a los sistemas complementarios de pensiones, hay que analizar en qué medida están funcionando o no los incentivos existentes. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de ese estudio, antes de tomar una decisión específica en un sentido o en otro”.
Según el ministerio de Hacienda, las deducciones y las exenciones tributarias evitan que las Administraciones Públicas ingresen unos 40.000 millones en sus arcas. En concreto, son 13 los beneficios fiscales que generan agujero y que están en el punto de mira.
La Airef le acaba de entregar al Ejecutivo un estado de la situación del informe sobre la eficiencia del gasto público que se resume en 13 beneficios fiscales que se aplican sobre el Impuesto de Sociedades, el IRPF, el IVA y algunos impuestos especiales.
Ya lo decía Nadia Calviño hace apenas unos meses “Respecto a los sistemas complementarios de pensiones, hay que analizar en qué medida están funcionando o no los incentivos existentes...antes de tomar una decisión específica en un sentido u otro”
Dentro de ellos, lo que más gasto genera, o más bien lo que más recaudación bloquea, son los tipos reducidos del IVA que suponen unos 24.000 millones.
También se evaluarán las exenciones de los servicios financieros,-alrededor 8.000 millones-; las deducciones de carácter social, que suman la de maternidad, familia numerosa y discapacidad -cerca de 5.000 millones-, y los tipos reducidos en el Impuesto de Hidrocarburos. Y sabemos, porque lo ha anunciado Mª Jesús Montero, que el Ejecutivo trabaja sobre la fiscalidad verde, que incluyen una equiparación de la tributación del gasóleo con la gasolina.
Se van a revisar también los descuentos en el Impuesto de Sociedades que se hacen para incentivar la Investigación, Desarollo e innovación (I+D+i), tipos reducidos y beneficios por donaciones.
Otras bonificaciones cuya vigencia está en duda afectan al IRPF y son las reducciones por rendimientos del trabajo, por arrendamientos de viviendas -para propietarios- y por alquilar -para inquilinos-.