En plena efervescencia de las manifestaciones de agricultores en todos los puntos de España, de los preocupantes datos de paro y de la senda de déficit que acaba de anunciar la ministra de Hacienda, se nos pasaba por alto un asunto importante, polémico, muy polémico y no del todo imprevisible por dinámica surrealista en la lleva años inmersa la Generalitat de Cataluña. Esta semana pasada, concretamente el cinco de febrero, pleno del Parlamento catalán convalidaba el Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social en los que lleven más de medio año ocupando una vivienda sin contrato y estén en situación de vulnerabilidad antes de iniciar una demanda judicial.

Como novedad, el decreto incluye entre los grandes tenedores de vivienda a los particulares que tengan más de 15 viviendas en propiedad, lo que permitirá a la Generalitat expropiar, como el resto de grandes tenedores, los pisos que estén más de dos años vacíos por el 50% de su valor; sin embargo, estas personas físicas no tendrán que ofrecer alquiler social en el caso de pisos ocupados.

Estamos ante unas medidas que tiene a todo el sector inmobiliario en pie de guerra, un sector que habla de desprotección, de inconstitucionalidad y de vulneración del derecho a la propiedad

Es decir, que la ley obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona.

En concreto la ley señala que esta obligación afecta a: entidades financieras, filiales inmobiliarias de estas entidades, fondos de inversión y entidades de gestión de activos, incluidos los que proceden de reestructuración bancaria. Es decir y simplificando, bancos, filiales de bancos y Sareb. Además la ley fija cuatros supuestos: la vivienda se tiene que encontrar en situación de uso anómalo, es decir, más de dos años desocupada; los que ocupan tienen que acreditar que esa ocupación se inició seis meses antes de la entrada en vigor del decreto ley; que los ocupantes no haya rechazado ninguna opción de realojamiento social en los últimos dos años, ofrecida por cualquier administración pública, y que los servicios municipales informen de manera favorable sobre el cumplimiento por parte de los ocupantes de los parámetros de riesgo de exclusión social, arraigo y de convivencia en el entorno vecinal.

Estamos ante unas medidas que tiene a todo el sector inmobiliario en pie de guerra, un sector que habla de desprotección, de inconstitucionalidad y de vulneración del derecho a la propiedad….sobre todo cuando la cosa no se ha quedado ahí porque, la Generalitat de Cataluña acaba de modificar esta ley de medidas urgentes sobre la vivienda ofreciendo aún más protección a los 'okupas' al cambiar el concepto de 'vivienda vacía'. Una nueva definición que es de aplicación provisional a la espera de su convalidación en las próximas semanas.

La modificación de definición de vivienda señala que la ocupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacía, aunque el propietario haya iniciado acciones judiciales.

En la redacción anterior, en el caso de que el propietario de una vivienda ocupada hubiera denunciado esa ocupación ilegítima, la vivienda no sería considerada como vacía, y no se le aplicarían las imposiciones recogidas en el Decreto de medidas urgentes sobre la vivienda.

La ley señala que esta obligación afecta a entidades financieras, filiales inmobiliarias de estas entidades, fondos de inversión y entidades de gestión de activos, incluidos los que proceden de reestructuración bancaria

Así que la conclusión que sacan, no solo los directamente afectados, sino todo aquel que se precie de tener sentido común, es que Torra anima y fomenta la ocupación de viviendas.

Aluvión de críticas

Las críticas al decreto ley son imparables. En un comunicado el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), junto al  Colegio de Administradores de Finques de Barcelona‐Lleida (CAFBL) lamentan tanto la forma -tramitada como un Decreto Ley- como parte del contenido -alterando en menos de dos meses algunos aspectos sobre la ocupación ilegal-.

“Es inconcebible que se apruebe el Decreto Ley 17/2019 y que luego, a través de otro Decreto Ley, el 1/2020, se modifique parcialmente la norma anterior esencialmente a lo que afecta a la ocupación ilegal en contra de la voluntad del propietario”.

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Lluís Marsà, ha alertado de que el Decreto Ley puede suponer un freno del mercado del alquiler que provoque un aumento de los precios: "Dificultará mucho las operaciones, la construcción y, a medio plazo, desgraciadamente puede suponer un freno. Y entonces puede tender, por consecuencia de la oferta y la demanda, a que los precios suban y el alquiler también suba o se deje de hacer, que aún será más grave".

El decreto incluye entre los grandes tenedores de vivienda a los particulares que tengan más de 15 en propiedad, lo que permitirá a la Generalitat expropiar, como el resto de grandes tenedores

Marsà critica la medida que contempla ofrecer una vivienda en situaciones de emergencia habitacional cuando finalicen los contratos y ha lamentado "que se haya incorporado la legalización de las ocupaciones en ciertos supuestos, a los que también tendría que ofrecerles vivienda a los 'okupas' sin ningún título legal". 

En un manifiesto junto a otros profesionales sector inmobiliario, la Apce ya alertó a finales de enero de que el Decreto Ley obliga a las personas físicas o jurídicas tenedoras de más de 15 viviendas a ofrecer una renta social por un período de hasta 14 años y calculada según los ingresos de los inquilinos en riesgo de exclusión social.

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha anunciado que luchará en los tribunales contra el decreto ley de la vivienda convalidado el pasado miércoles por el Parlament de la Generalitat.

Gómez-Pintado afirma que esta ley es "perniciosa e inconstitucional, por lo que intentaremos tumbarla".

"Es una ley insensata", aseguran las fuentes consultadas. "Es una palmadita en la espalda de la ocupación ilegal, un verdadero dislate".