Sr. Director:

Rechazo la asignatura de la Educación de la Ciudadanía por las siguientes razones:

1.- La asignatura conlleva un peligro de adoctrinamiento ideológico en la escuela según las teorías y objetivos del gobierno de turno, más o menos al margen o incluso contra el derecho de los padres, amparado por el artículo 27 de la Constitución, a que nuestros hijos reciban la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Con la EpC se producirá no ya una inadmisible invasión en el terreno de la libertad educativa, sino además un conflicto entre la educación en la familia y una parte de la educación recibida en la escuela, siendo el alumno la principal víctima de esta contradicción.

2.- La nueva doctrina se impone también en contra de lo que en su día dictaminaron el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado. La forma en que aparece en el proyecto de LOE es, como indicó en su momento esta última institución, desmesurada. Parece como si esta innovación constituyera toda la esencia del sistema educativo, mientras se ignoran aspectos prioritarios. La inclusión de la nueva materia ha obligado al recorte de horas lectivas de otras asignaturas relevantes, como Filosofía o Tecnología.

3.- El Ministerio de Educación se ha negado a negociar los contenidos, lo que supone una verdadera burla a las entidades más representativas del sector. Se ha encomendado la elaboración de propuestas sobre los contenidos a 16 instituciones, en su mayoría afines al Gobierno, de las cuales tan sólo la FERE tiene realmente representación en el ámbito educativo.

4.-El marcado laicismo de la EpC, que toma como punto de partida que la palabra Dios carece de significado para los españoles y establece una marcada diferencia entre la moral pública y la privada, imponiendo un mínimo común ético obligatorio para todos que sólo el Estado puede garantizar y que dictaminaría qué conductas con dignas o no de respeto.

5.- La imposición de la EpC como obligatoria y evaluable es un verdadero sarcasmo cuando el Gobierno sigue empecinado en negar el carácter evaluable de la asignatura de Religión. Sólo prejuicios de carácter ideológico pueden impedir aceptar que el artículo 16 de nuestra Constitución obliga a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y que, año a año, dicha asignatura la escogen casi el 80% de los padres de alumnos.

Con todo, el Gobierno parece querer reemplazar, de hecho, la educación en la experiencia y las convicciones morales más profundas de los padres por la educación en una invasiva moral de Estado.

Sofía Gutiérrez Merelles

sgutierrezm@gmail.com