• El president corrige a su 'número dos', Joana Ortega, un día después de que ésta abriera la puerta a aplazar la consulta.
  • Pero el disenso de la vicepresidenta no es el único: ha dicho lo mismo el consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
  • Las presiones a Mas, sobre todo de Esquerra, son fuertes para no romper el compromiso del referéndum.
  • Artur Mas, entre sombras de escisión -más acusadas tras el 'pufo' fiscal de Pujol-, zanja que "sólo hay un plan", que es la consulta y que se ajustará a una ley catalana.

Que el presidente de la Generalitat, Artur Mas (en la imagen), corrija a su vicepresidenta, Joana Ortega, un solo día después de que ésta dejara la puerta abierta a aplazar la consulta soberanista -lo importante no es la fecha, el 9-N, dijo, sino el proceso soberanista-, es cuando menos sospechoso. No es la única política que ha cuestionado ese extremo. Primero fue el conseller de Territorio, Santi Vila, que señaló que si el Constitucional recurre la consulta, ésta no sería legal y si no es legal… ya se sabe: no se puede producir. Y este miércoles, otro conceller, el de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, se ha alineado con Joana Ortega, con quien "comparte los criterios".

Artur Mas ha querido zanjar las grietas en su deriva -más acusadas desde que Jordi Pujol hizo público su 'pufo' con Hacienda-, dejando claro que su única opción es que los catalanes puedan votar en una consulta el 9 de noviembre. "Sólo hay un plan", ha asegurado. Para la proclamación, en Talamanca, ha elegido una fecha nada casual: el 300 aniversario de la última batalla que ganaron los catalanes en la Guerra de Sucesión, en 1714.

Mas ha añadido que esa consulta se realizará de acuerdo con la ley catalana de consultas, que aún no se ha aprobado, y ha apelado a que cualquier decisión sea consensuada entre las formaciones de las que partió la iniciativa. Que se dejen de "cálculos partidistas", en suma, ha dicho. No ha aclarado, sin embargo, cómo podrá realizarse una consulta que es ilegal si la impugna el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, ERC -dinamitador de los planes de Mas- no deja de presionar, lo que arroja algunas luces de lo que puede estar pasando entre 'socios'. Este miércoles ha sido Joan Tarda, como ayer Alfred Bosch, para decir lo mismo: que no cree que "a nadie se le pueda ocurrir" romper el compromiso para convocar la consulta el 9-N. "Haré todo lo posible y mucho más para que el compromiso se cumpla", ha remachado.

Pero las cosas en CiU son diferentes depende de dónde vengan, de Convergència o de Unió. La prueba del algodón. El conceller de Agricultura, de Unió, ha señalado esta mañana que "Ortega ha hecho unas declaraciones que compartimos todo el Gobierno catalán, por tanto no hay discrepancias". Y hay ido a más, ha añadido que ha sido el president "quien ha ordenado esta orientación a la legalidad, y la vicepresidenta lo que hace es ejecutar estas instrucciones". Sin embargo, esta mañana también, el coordinador general de Convergència, Josep Rull, ha dicho lo contrario: que el 9-N "seguirá vivo", aunque el Tribunal Constitucional (TC) lo impugne o lo suspenda. Ha dicho más: "La consulta se hará al amparo de una ley emanada de un parlamento legítimo y democrático, el Parlamento de Cataluña".

Lo apuntado al principio: algo le está saliendo mal a Artur Mas que se le va de las manos.

Mariano Tomás

mariano@hispanidad.com