El 5 de julio, ante el regocijo de unos pocos y la indignación de muchos, entrará en vigor la nueva ley de aborto, que permitirá, a las madres, deshacerse del niño hasta las catorce semanas de gestación y hasta las 22 en caso de conflicto para la salud de la madre, con total impunidad para las clínicas abortistas.
Como dijo Josep Miró, los que hablaban de rompecocos y aplicaban trituradoras a las criaturas abortadas y que construyeron en la impunidad una red de aborto ilegal a gran escala quedarían así protegidos por la iniciativa del Gobierno. No importarán ni las advertencias morales de la Iglesia ni las jurídicas del Tribunal Constitucional en 1985. Hay políticos sin valores; pero no puede decirse lo mismo de una mayoría social, que ha demostrado en multitudinarias manifestaciones que no quiere matanzas ni que se confunda a la gente llamando bueno a lo malo, progresista a la muerte, reaccionaria a la defensa de los débiles.
Cualquier disculpa, incluso ninguna, servirá para dar muerte a la criaturita y mandarla al cubo de residuos biosanitarios. ¿Y podrán dormir a gusto las madres que dejan el cuerpecito despedazado de sus pobres niños en tan tétrico lugar? ¿Quién los defenderá?
Por iniciativa de la Federación Provida, el 3 de julio, en Madrid, más de sesenta organizaciones se manifestarán ante el Tribunal Constitucional. Si ahora consentimos que el aborto pase de delito a derecho, ¿creemos que tardará en pasar de derecho a obligación?
Josefa Morales de Santiago