El caso Aerolíneas Argentinas puede estar tocando a su fin. Los acreedores de Aerolíneas, que se sienten engañados por Viajes Marsans (actual propietaria de la compañía de bandera argentina), han decidido demandar a Aerolíneas, a Interinvest (propietario de Aerolíneas), a Air Comet (propietaria de Interinvest y participada por Gonzalo Marsans, Gerardo Díaz y Antonio Mata) y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El mismo grupo de acreedores que pide que se renueve el conflicto de acreedores acusan ahora a Viajes Marsans de simulación y fraude, y a la SEPI de cooperador necesario. La razón es muy sencilla: el erario público español, es decir, la SEPI, regaló al Grupo Marsans la compañía Aerolíneas Argentinas más 758 millones de dólares para su reflotamiento, todo ello con el Partido Popular controlando la SEPI. Al tratarse de un dinero público, en el contrato de venta a Marsans se prefijaban los objetivos de esa subvención así como el sistema de pago. Dicho de otra forma, la novedad de la nueva demanda contra Aerolíneas, que ahora también abarca al Estado español, es decir, a la SEPI, consiste en que da toda la impresión de que los acreedores demandantes han tenido acceso al contrato de venta de Aerolíneas. Curiosamente, los socialistas insistieron, cuando estaban en la oposición, en que se trataba de un contrato por el que el erario público español ayudaba a sanear una compañía y que debería ser conocido por el Parlamento, pero el equipo Ruiz-Jarabo se negó.
Y así, la demanda existe en el Juzgado Comercial Nº 15 de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Norma Beatriz Di Noto, especifica que en el contrato se afirmaba que 300 de esos 758 millones de dólares estarían destinados al pago de las deudas de Aerolíneas y concretaba, explícitamente, que no se podrían subrogar créditos, algo que hizo Air Comet y que ahora está en los tribunales.
Otra novedad importantísima es que el acuerdo de privatización especificaba que las cuentas bloqueadas donde se depositaba el dinero público español debían tener una doble garantía. En resumen, que el Grupo Marsans podría disponer de ellas pero sólo con la firma de un directivo de SEPI, que, en su momento, fue el director Juan Gurbindo.
Naturalmente, la SEPI, que ya ha conocido extraoficialmente la nueva demanda, no ha liberado aún los 85 millones de dólares que todavía debía entregar al Grupo Marsans. Prefiere esperar porque ahora puede pasar de testigo a encausado.
La solución que se le dé al caso Aerolíneas, que con esta nueva demanda puede abrir el camino hacia su solución final, va a ser clave en las relaciones económicas hispano-argentinas, así como en el juicio que el actual Gobierno Zapatero pueda hacer sobre la gestión del Partido Popular. No conviene olvidar que Zapatero pretende que se olvide la corrupción felipista y no le viene mal que al Partido Popular se le achaquen casos que, cuando menos, representan zonas de sombra en la gestión de los Gobiernos Aznar. Además, Marsans representa la cúpula de la patronal española y del sector turístico: Pascual es vicepresidente de CEOE y responsable de la patronal turística española, mientras su socio Gerardo Díaz preside la patronal madrileña CEIM y blasona de ser un hombre cercano a La Zarzuela (donde se sigue con mucho interés el caso Aerolíneas) y al grupo de empresarios madrileños que se agrupan alrededor de Fernández-Tapias, presidente de IFEMA y de la Cámara de Comercio de la capital.
