El Consejo de Ministros desestimó el requerimiento de incompetencia formulado por la Generalitat de Cataluña contra el RD de 27 de enero por el que se regula el Estatuto del personal investigador. El gobierno tripartito considera que el RD vulnera las competencias en materia de investigación, especialmente en lo que se refiere a la creación de un Registro General de Ayudas, con la función de reconocer los programas de ayudas a la investigación en todo el territorio. El Gobierno en cambio justifica el desistimiento en la doctrina del Tribunal Constitucional que considera que es posible la creación de un registro único que garantice la centralización de todos los datos a efectos de información y publicidad.
Curiosamente, el mismo consejo de ministros aprobó -a propuesta del ministerio de Economía- la realización de una o varias emisiones de deuda pública de la Comunidad de Madrid por importe de 279 millones de euros. Dicha emisión se enmarca en el Programa de Endeudamiento 2006 para Madrid y cumple lo establecido en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.