Sr. Director:
Al Estado se le dota de poder y medios para defender a los ciudadanos, pero ¿cuál es el margen de error tolerable?. No cabe duda de que por importe, número de afectados y años de permanencia, en el caso Afinsa/Fórum se han sobrepasado todos los límites admisibles.
En esta línea lo ha denunciado el Defensor de Pueblo y de otras voces autorizadas. Pero es que incluso, el mismo Gobierno socialista ha acusado al anterior de irregularidades durante su mandato en repetidas ocasiones, acusándole de "Bombero pirómano" y de que más vale que se callen.
Es un comportamiento incoherente e irresponsable, acusar al antiguo Gobierno de irregularidades durante su mandato, pero por otro lado eludir analizar los errores cometidos y desentenderse de los cientos de miles de pequeños ahorradores afectados.
Las medidas adoptadas en defensa de los afectados son simplemente de cara a la galería y con nula efectividad, las subvenciones que en vez de distribuidas han sido acaparadas por unas pocas Asociaciones de Consumidores, los famélicos créditos ICO, los complementos a mínimos, mínimos, etc.… no han servido tan siquiera para aliviar el drama que los afectados padecen.
Existen claros síntomas de la responsabilidad del Estado pero a las victimas se les aboca a unos procesos judiciales de un tamaño sin precedentes, que no les compensaran del perjuicio ocasionado simplemente porque las resoluciones se dilataran en el tiempo y se perpetúan los vicios en la Administración al no tener una respuesta ágil que depure responsabilidades y adopte medidas correctoras.
La forma de actuar de la Administración, permisividad y falta de control durante mucho tiempo e intervención policial in extremis, ha supuesto un grave perjuicio colateral, el desplome total del mercado filatélico y del sector de los bienes tangibles y esto es otro grave perjuicio que tienen que acarrear también los afectados.
Sin embargo el Estado, que dice proteger a los afectados, no devuelve el dinero que ingreso improcedente de la estafa, ya que las empresas entregaron millones de euros por Impuesto de Sociedades cuando el beneficio era inexistente.
Incluso cabe cuestionarse si realmente procede un proceso concursal, ya que el carácter societario era anecdótico y una liquidación bajo el modelo de concurso es perjudicial para los ahorradores estafados. Y más teniendo en cuenta las irrisorias valoraciones dadas a los activos y los generosos emolumentos asignados a los responsables de la liquidación.
¿Donde está la ayuda y la defensa que prometía el Gobierno?. Ninguna actuación ha beneficiado a los afectados y todas las propuestas que han llevado diversos grupos políticos al Congreso a su favor han sido sistemáticamente rechazadas por el Gobierno y diversos grupos parlamentarios.
Les rogamos reconsideren su posición ya que próximamente se presentaran enmiendas a la ley de Bienes Tangibles, por parte de CIU y del PP, que pueden abrir una vía de solución al problema y no creo que existan muchas mas posibilidades de arreglar políticamente esta injusticia.
Grupo e-movilízate
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