La publicación por parte de la Junta de Andalucía de la lista de 3.000 expedientes de subvenciones que han sido exoneradas de ser justificadas ha dejado a la luz una trama de ayudas públicas al servicio de empresas y entidades vinculadas a políticos de la Administración socialista.
La implicación directa de varios consejeros de la Junta obliga a su presidenta, Susana Díaz, a poner en manos de la Justicia toda la información disponible y a depurar responsabilidades políticas.
Andalucía no puede admitir más corrupción.