La Constitución española consagra el principio de solidaridad entre las distintas CCAA y regiones españolas. Sin embargo, esa solidaridad es cada día más menguante. El instrumento básico para garantizar la solidaridad, el fondo compensación interterritorial se encuentra infradotado. Dejar el problema sanitario a los impuestos especiales recaudados por las CCAA supone de facto ahondar en esas diferencias.

Y eso significa que avanzamos peligrosamente hacia 17 modelos diferenciados. O más bien, que ya nos encontramos ante esa realidad. No hay una definición de mínimos para todo español. No existe un mismo servicio para todos con independencia del lugar de residencia. Un reciente informe apuntaba las diferencias financieras existentes entre los distintos sistemas educativos. La Ley Orgánica de Educación apuntala la diferencia no sólo financiera, sino de contenidos. Y el proyecto de financiación del déficit sanitario no hace sino apuntalar la desintegración del Estado y del principio de solidaridad entre todos los españoles. Quizás, porque nadie se preocupó de defender la nación española, la única razón de esa solidaridad.