Las diferencias entre el caso Microsoft y el caso Gedeprensa sólo lo son en cantidad, pero no en esencia.
La Comisión Europea ha sancionado a Microsoft por abuso de posición dominante con una multa de 500 millones de euros. Dicen que es muy grande, pero lo cierto es que representa el chocolate del loro para el gigante de la informática y para el propio Bill Gates. Es más, la multa más grande de la historia por atentado contra la libre competencia resulta una propinilla, comparada con lo que el monopolio sancionado le ha hecho ganar a Gates.
La Comisión también ha exigido a Microsoft que "desconecte" de su omnipresente Windows su programa de audio y video por ordenador (Media Player) para que su competidor, Real Network, pueda seguir vendiendo Real Player para ordenadores portátiles. Lo de siempre: Gates tiene en la práctica el monopolio del motor del automóvil (Windows) y, por tanto, los accesorios que él mismo vende encajan mejor con ese motor (de hecho, suelen venir de serie) que los de la competencia. Total, que ni navegadores ni correos, ni incluso buscadores, pueden competir con el gran monopolio informático del señor Gates. Microsoft, en un alarde de cinismo, afirma que, simplemente, no puede cumplir los requisitos de Bruselas. Y sus palabras deben ser tenidas muy en cuenta, dado que, por el momento, Bill Gates siempre se ha salido con la suya. Cuando los jueces deciden que Gates ha atentado contra la libertad de los demás, los demás ya han cerrado el negocio por quiebra.
Al mismo tiempo, Microsoft intenta ganar voluntades políticas para que los servicios de Defensa de la Competencia le dejen manos libres. Desde luego, en Estados Unidos no le han molestado más de lo debido. Y lo malo es que, en Europa, Bruselas, no tiene las suficientes competencias como para meter en vereda a Microsoft. Es más, la Administración norteamericana ya ha salido en defensa de Bill Gates.
Sin embargo, al mismo tiempo, Gates alienta la lucha contra la piratería informática. Es decir, frente a la piratería ofrece el monopolio, cuando lo cierto es que es su monopolio quien aboca a la piratería. Se enfrentan aquí monopolios y derechos de autor, cuando lo cierto es que lo que se pretende, en nombre de los derechos de autor, es más monopolio.
Lo mismo ocurre en España con Gedeprensa, la sociedad creada por los grandes editores (Prisa, El Mundo, Vocento, etc.) para monopolizar los resúmenes de prensa que circulan por Internet (y también en papel). Con la excusa del respeto a los derechos de autor, lo que se quiere es consagrar el monopolio y arruinar el derecho de cita. Una vez más, se vive aquí el hecho de que el debate ideológico actual no se sitúa entre lo público y lo privado, sino entre lo grande y lo pequeño.
Varios detalles. El Partido Popular ha concluido su mandato con un nuevo regalo a Gedeprensa: ha modificado a tres miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia (José Franch Meneu, Luis Martínez Arévalo y María Jesús Muriel) y los ha sustituido por vocales más próximos a los grandes editores, como Emilio Conde y Miguel Cuerdo. En concreto, destaca el caso de Franch Meneu, porque era el ponente del expediente Gedeprensa, por el que los grandes editores pretenden cobrar un canon por cada resumen (mejor, por cada copia) de prensa que se realice en España. Al final, como Bill Gates, los editores pretenden monopolizar la información y, además, rentabilizarla.
El expediente del TDC corre paralelo a la elaboración de la reforma de al Ley de Propiedad Intelectual. De la misma forma, en que Gates se congració con la Administración Clinton, y luego con la Administración Bush, lo cierto es que Gedeprensa tiene submarinos en la Administración popular y se las promete aún más felices con la socialista.
A fin de cuentas, lo que pretende Gedeprensa no es más que crear una SGAE (sociedad que gestiona, sin control alguno, los derechos de autor en España, especialmente en libros y discos) de la prensa. Conste que el objetivo final no son los 'clipineros', sino los medios informativos que han surgido en Internet y a los que los grandes editores no logran controlar (además, los grandes periódicos han fracasado en la Red).
Para todo ello precisa una Ley de Propiedad Intelectual que anule el derecho de cita. El proyecto de ley que no pudo aprobarse durante la pasada legislatura iba en esa línea, fue amamantado por José Luis Cádiz Deleito, subsecretario del Ministerio de Cultura, y redactada por el ex subdirector general de Propiedad Intelectual del mismo Departamento. Pues bien, Antonio Guisasola ha sido contratado por la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), dedicada a proteger los derechos de autor en libros y vídeos. ¿Nos siguen, verdad?
Ya lo saben. Cuando oigan hablar de derechos de autor, echen la mano a su cartera. Cuando oigan hablar de monopolio, revisen los organigramas de la empresa acusada y los del Ministerio o regulador correspondiente. Porque los derechos de autor deben respetarse, pero aún es mucho más importante evitar el monopolio, especialmente en el mundo de la comunicación, porque deriva en pensamiento único.
Por cierto, no será el PSOE de Rodríguez Zapatero quien se enfrente a Jesús Polanco. El sesgo futuro del expediente del Tribunal de Defensa de la Competencia y el sesgo de la futura Ley de Propiedad Intelectual parece bastante claro.