• Manipulación política de sus informes, claro está, de gobernadores y subgobernadores.
  • Al "empotrar" inspectores en una entidad se corre el riesgo de que se pongan de parte del revisado, no del revisor.
  • La arbitrariedad se concreta en el uso discrecional que la Dirección del Banco de España hace de los informes de los inspectores.
  • La inspección no es reglada. Además, para que no cunda la arbitrariedad, al inspector no se le puede remover una vez ha iniciado su trabajo en una entidad.

Estamos ahora a vueltas con qué es lo que ha fallado en el Banco de España (en la imagen el gobernador, Luis María Linde) y comienzan a aparecer un sinnúmero de ideas, más o menos felices, al respecto. Una de ellas es la de tener inspectores de manera permanente en las principales instituciones, como modo de asegurar la actuación no sólo legal, sino prudente, de las mismas. Es la típica medida anuncio con la que las autoridades pretenden demostrarnos que están haciendo cosas.

El modelo de inspección ha fallado sólo por una cosa: la arbitrariedad con la que se han venido utilizando los servicios que los inspectores prestan por parte del poder político, es decir, gobernadores y subgobernadores. La arbitrariedad es fruto del uso discrecional que la dirección del Banco de España hace de los informes de los inspectores y de los efectivos que tiene para inspeccionar.

Lo primero, exige como condición necesaria, que no suficiente, que haya un procedimiento reglado sobre el proceso inspector: cuándo hay que inspeccionar 'in situ' una entidad y la periodicidad máxima de la misma en cualquier caso, obligaciones de emisión y remisión de informes, apertura de expediente para que el inspeccionado pueda alegar, etc… La discrecionalidad en todas estas materias hasta se utilizó en el pasado con buen criterio y en el presente con uno no muy acertado, a la vista de los acontecimientos.

Lo segundo, también como condición necesaria, exige que se fijen los planes de inspección de entidades por anticipado y que se impida la remoción de los que están ejecutando dichos planes en las entidades.

La condición suficiente es de otro orden. Requiere que los inspectores comprendan cuál es su cometido que, en ningún caso, es anticiparse a los deseos de sus superiores ni intentar adivinarlos.

En la milicia en tiempos de paz y en el funcionariado, el ascenso por antigüedad no asegura la promoción de los más capaces, pero sí es cierto que elimina las tentaciones de los de moral más laxa. Las carreras profesionales definidas desde arriba se ajustan a los intereses de los de arriba.

Ahora volvamos al principio: inspectores "empotrados" en las entidades. Ya los había en algunas. Con los medios de hoy no es necesario y se evitan otros riesgos como son los de que, al final, se sientan más parte del revisado que del revisor, o que estén pensando en las posibilidades que éste puede llegar a brindarles en el futuro. No pasa nada porque los inspectores se pasen al sector privado y, además, es inevitable porque estamos en un sistema donde los individuos pueden elegir libremente donde ejercen su profesión. Sin embargo, un control de las excedencias, como había antes, que impida la incorporación a entidades recientemente revisadas sería muy bueno. Esto no ha pasado últimamente.

Mientras el Estado asuma la responsabilidad de las actuaciones de los bancos, necesitamos menos discrecionalidad: procedimiento administrativo reglado, planificación inspectora fija, inamovilidad de los efectivos, carreras profesionales independientes de la autoridad política, condiciones de excedencia regladas, etc: "Necesitamos reglas fijas porque sólo nos podemos apoyar en lo que ofrece resistencia" (Russell Kirk citando a un ministro de Napoleón III).

La flexibilidad, la discrecionalidad, no pueden ser las excusas para el caos. La Ley de la Gravedad funciona todos los días, gracias a Dios.

Rodrigo de Silos

rodrigode@hispanidad.com