Al parecer, y si alguien no lo remedia, la Directiva de la Unión Europea sobre Abuso de Mercado se implantará en España con todos los honores (el Gobierno piensa presentar el segundo nivel de transposición a primeros de octubre). Tiene un apartado para periodistas y medios cibernéticos, a los que se considera protagonistas del mercado bursátil y a los que trata de meter en vereda bajo el argumento de que sus informaciones pueden alterar el precio de una sociedad cotizada. Un argumento muy peligroso, dado que si se extiende indefinidamente, podría resultar que cualquier noticia puede alterar la cotización de un valor. Por ejemplo, las disputas en el equipo directivo, los intentos de compra de un paquete de acciones, un posible fichaje, las relaciones de un presidente o un banquero con políticos o con editores, etc. En definitiva, una censura de prensa bajo la excusa de defender la formación objetiva de precios.
Pues bien, en la mañana del jueves 16, en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), se trató el asunto. El vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Ángel Boixadós, afirmó que si un periodista se aprovecha de la información que posee, debe ser puesto a disposición de la justicia, al igual que si lo hiciera un analista, un inversor o un miembro del regulador. Al tiempo, Boixadós afirmó que la APIE (que acoge a los periodistas económicos españoles) no aceptará otra cosa que la autorregulación por parte de los propios periodistas, y no la imposición de una norma por parte de reguladores y supervisores (es decir, de órganos, a fin de cuentas, políticos), al tiempo que recordaba que una directiva no puede vulnerar el secreto profesional del periodista.
Pero el que iba a sorprender a todos los presentes era el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blas Calzada, quien afirmó que su organismo había inspeccionado noticias publicadas relacionadas con opas y otras operaciones. Se quedó ahí, porque si hubiera hablado de investigar periodistas, hubiera incurrido en delito. Calzada citó el caso de una noticia sobre una posible OPA lanzada por una empresa italiana sobre Unión Fenosa. Además, afirmó que no se fía de la autorregulación y se preguntó quién iba a controlar esa autorregulación. Al mismo tiempo, acusó a los periodistas de publicar informaciones no contrastadas, algunas de las cuales más tarde se revelan falsas. En otras palabras, Calzada no sólo está por la regulación, sino por un sistema muy parecido a la censura o, al menos, a introducir la autocensura en todo el cuerpo periodístico.
En cualquier caso, el nuevo Gobierno Zapatero continúa, como hizo el PP, con el proceso de adaptar una directiva que la prensa considera extremadamente peligrosa y una forma encubierta de censura.