A pesar de que en unos 68 países se mantiene la pena de muerte en los últimos 30 años se ha registrado una tendencia hacia su abolición en todo el mundo, sumándose Filipinas a la lista de los países abolicionistas. También Moldavia reformó su Constitución para prohibir la pena capital en toda circunstancia.
La inyección letal con la que se eliminan a muchos condenados a la pena capital puede provocar un gigantesco sufrimiento en la agonía final, contrariamente a lo que aseveran los protectores de la pena de muerte, según el estudio difundido por Human Rights Watch.
La pena de muerte y su aplicación no parece inquietar demasiado a los adalides políticos censurados por esta práctica. En los últimos años el número de países que ajusticiaron a condenados a la pena capital ha decrecido en un 50%. México y Liberia son los países que han eliminado la pena de muerte de su legislación.
Mientras que en algunos de los países desarrollados se ha excluido de sus legislaciones la pena de muerte, Japón no sólo se opone a seguir el ejemplo, sino que ha reavivado la pena capital en los últimos años. Esta reactivación de los ahorcamientos, una práctica cruel y medieval para una nación avanzada como es el Imperio del Sol Naciente, ya le ha costado a Japón la censura de muchas asociaciones protectoras de los derechos humanos.
Por último, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ratificó una resolución en la que se insinuaba a todos los países del universo prohibir la pena de muerte, proteger la dignidad y los derechos inalienables de toda persona humana, en todos los momentos de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural.
Se debe sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua.
Clemente Ferrer
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