Poco más necesita el Gobierno de Rajoy para recurrir ante el Tribunal Constitucional el denominado "proceso participativo" catalán una vez que ha recibido el unánime dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
El empeño de Artur Mas se topa una vez más con la ley, que es garantía de democracia y convivencia pacífica. El Consejo de Estado ha calificado de "fraude de ley" la seudoconsulta independentista con similares argumentos a los que utilizó con la primera propuesta de referéndum para el 9 de noviembre: ninguna Comunidad Autónoma o Ayuntamiento pueden organizar una votación, referéndum o similar, sobre un asunto que es competencia de la soberanía nacional, como es el caso de la unidad territorial del Estado.
José Morales Martín