El jueves 25 declaraba ante el Juzgado nº 3 de Madrid la periodista María Eugenia Hernández Viñes. Es la firmante de la entrevista con el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banco y Bolsa (AUGE), José María Davó, el hombre que interpuso una querella contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por el caso de su sobrino Luis Javier Placer y el presunto delito de información confidencial.

Recapitulemos: El sobrino y la mujer de César Alierta son denunciados por esta asociación, denuncia trasmitida en directo por el diario El Mundo, por presunta información confidencial del sobrino de Alierta, el broker Luis Javier Placer, quien invirtió en acciones de Tabacalera siendo su tío presidente de la firma. Una operación, sin duda, fea, porque un sobrino no debe invertir en la firma que preside su tío y con dinero de su tía. Eso sí, los motivos alegados por AUGE y por el diario El Mundo para mostrar la existencia de información confidencial, resultan bastante cachondeables.

El diario El Mundo insistía en que era motivo más que suficiente para lograr la dimisión de Alierta, como antes consiguió la de Juan Villalonga al frente de Telefónica.

Ahora bien, justo en el punto álgido de la crisis, una periodista del semanario Época solicita una entrevista con José María Davó, fundador de la empresa querellante. Le advierte que es periodista y que le va a grabar (no así en una segunda entrevista que mantuvieron). Pues bien, sea por afán de protagonismo o porque le pillaron en un momento de debilidad, el caso es que Davó empieza a decir cosas tales como que todo se iba a arreglar si César Alierta pagaba 100 millones de las antiguas pesetas, o 6 millones de euros, al tiempo que se jactaba de su ligazón y transferencia de información con Casimiro García Abadillo, segundo del diario El Mundo.

La entrevista causó el correspondiente escándalo y El Mundo cambió a partir de ese momento de estrategia para centrarse en el traslado del sumario a un juez previsible. Naturalmente, Alierta aprovechó la actuación y se querelló contra Davó.

Pues bien, el pasado jueves 7, la periodista del semanario Época, María Eugenia Hernández,  se ratificó, en declaración realizada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, de todos los pormenores publicado en Época. Así, afirma (y la cinta magnetofónica obra en poder del director de Época) que Davó le explicó cómo la finalidad de la denuncia contra Alierta sólo tenía la finalidad de obtener dinero y cuando éstos (los acusados) le pagasen, apartarse del procedimiento.

La periodista insiste en que Davó (todo grabado) buscaba 100 millones de pesetas a cambio de retirar la denuncia, y con exquisita sinceridad explicó que ya había seguido el mismo procedimiento con Grand Tibidabo, y que en aquel caso había obtenido 40 millones de pesetas por la retirada.

Y que si no logra que Telefónica pague, pues seguiría hasta el final porque a cambio obtendría más publicidad.  Afirmó que Casimiro García Abadillo le pasaba información y que, como guinda de la tarta, de los 100 millones que obtuviera, él se quedaría la parte del león y a la asociación AUGE le daría algo, muy poco.

En definitiva, lo que se deduce de la información es la utilización espuria de una asociación de accionistas y de los tribunales de justicia para obtener una exclusiva periodística y el cese del presidente de la mayor empresa del país por las exclusivas de un periódico, y de un director de periódicos que podría apuntarse otra muesca en su revólver. El principal perjudicado, naturalmente, es el prestigio periodístico.