• El ministro de Economía y Competitividad ha afirmado que el proceso está en marcha: la entidad está desinvirtiendo en negocios no fundamentales y vendiendo oficinas situadas fuera de Cataluña.
  • NCG Banco: Banesco aún no ha pagado el primer plazo (403 millones de euros) y está buscando el dinero para hacerlo, además aún no tiene el visto bueno europeo, pero "no hay ningún problema", según Guindos. 
  • La polémica con Roldán, recientemente nombrado presidente de la patronal bancaria, continúa: "el ministro con el presidente de la AEB no trata".
  • Respecto a la unión bancaria, Guindos ha señalado que "modifica el planteamiento de la UE" y que ahora "más que tener bancos españoles, franceses… vamos a tener bancos europeos".

La privatización de Catalunya Banc (CX) se vuelve a retrasar. Si en un primer momento el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos (en la imagen), habló de que se produciría en el mes de junio, ahora rectifica sus palabras, "en verano tendremos su privatización", ha señalado en un desayuno informativo, organizado este miércoles por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).

El ministro ha comentado que la entidad ya ha puesto en marcha este proceso: ha vendido tres carteras de créditos por valor de 1.480 millones de euros al fondo Aiqon Capital; está desinvirtiendo en negocios no fundamentales, pues ha vendido su sección inmobiliaria a mediados de mes a los fondos Blackstone y Magic Real Estate por 40 millones de euros; y está vendiendo las oficinas situadas fuera de Cataluña.  

Catalunya Banc espera ofertas internacionales en su subasta, algo que ya sucedió en la de NCG Banco, que al final ganó el banco venezolano Banesco a mediados del pasado mes de diciembre por 1.003 millones de euros. Sin embargo, la entidad, que preside Juan Carlos Escotet, aún no ha pagado el primer plazo (403 millones), sino que sigue buscando el dinero para hacerlo. Además esta compra aún no tiene el visto bueno europeo, pero Guindos ha recalcado que "no hay ningún problema", pues la Comisión Europea (CE) tardó seis meses en aceptar la compra de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por parte de Banco Sabadell.  

La polémica de Guindos con José María Roldán, recientemente nombrado presidente de la patronal bancaria, la Asociación Española de la Banca (AEB), continúa, pues ha afirmado que "el ministro con el presidente de la AEB no trata". Además ha lanzado una especie de indirecta al sustituto de Miguel Martín, pues ha referido que "el Gobierno sólo quiere garantizar la independencia entre supervisor y supervisados", ya que Roldán se ha pasado del bando de los inspectores al de los inspeccionados.

Recuerden que Hispanidad ya explicó esta polémica, pues Guindos no ocultó su "malestar" ante la propuesta de que Roldán, ex director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España (2000-2013), presidiera la AEB, algo en lo que insistían mucho BBVA y Santander. Y es que Guindos no veía con buenos ojos que sustituyera a Martín, tras su fracaso negociador con la Unión Europea (UE) en materia de Activos Diferidos (los famosos DTA). Pero finalmente los bancos le han ganado el pulso al ministro, al que no le queda otro remedio que tragar con la decisión.

Respecto a la unión bancaria, Guindos ha señalado que "modifica el planteamiento de la UE" y que ahora "más que tener bancos españoles, franceses… vamos a tener bancos europeos". Además ha comentado que la tercera pieza es el sistema de garantías de depósitos a nivel europeo. En relación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ha recordado que "se nutre de aportaciones de los bancos", aunque el Estado está "siempre detrás", y que puede hacer frente a una situación de "desfase", pues ahora únicamente tiene abiertos los EPA (esquemas de protección de activos) de CAM y UNNIM. Por lo que ha descartado aportaciones extraordinarias del Estado.

El ministro también ha sido preguntado por dos leyes que están en marcha, la de Desindexación de la Economía y la de Colegios y Servicios Profesionales. La primera "se aprobará en los próximos meses" y pretende desvincular las actualizaciones de varios conceptos de las Administraciones Públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC). Respecto a la segunda, Guindos ha señalado que pretende reducir el número de profesiones con colegiación obligatoria, verificar su transparencia y abaratar el coste de la colegiación, cuyo coste máximo será de 20 euros/mes.

Cristina Martín

cristina@hispanidad.com