Mientras tanto, Carlos Pérez de Bricio continuará como presidente y consejero delegado
La petrolera Cepsa marcha estupendamente, al igual que la cuenta de resultados, a pesar del retroceso en el beneficio. Sólo tiene un problema: su capital flotante en bolsa es del 6%, la francesa Total controla un 48%, la autoridad inversora de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), el 10% y Unión Fenosa un 5%. Todo eso con un Consejo aproximadamente equilibrado.
Y el Santander intentando vender, sin éxito, su participación. Total no la quiere, entre otras cosas porque superaría el 50% y tendría que lanzar una OPA sobre el 100 por 100. El mercado no la quiere, porque a los inversores no les gusta una empresa que puede considerarse una filial de la francesa. La solución lógica se llama Abu Dhabi, ciertamente, y ya se intentó, pero no pudo realizarse por motivos fiscales.
Mientras este bloqueo institucional no se solucione, Carlos Pérez de Bricio, 79 años (y todo hay que decirlo, el principal responsable de la actual pujanza de Cepsa) continuará como presidente y consejero delegado, compartiendo potestades ejecutivas con Dominique de Riverolles que, ojo, no fue propuesto por Total, sino por IPIC.
Otra cuestión relevante es el segundo gasoducto de gas, el Medgaz, de Argelia a Almeria. El Gobierno de Argel está muy enfadado con el Ejecutivo Zapatero y con la Comisión Nacional de la Energía. Por dos razones: en primer lugar porque sólo le permiten vender en España un BCM, a pesar de ser el suministrador en origen y el principal accionista de Medgaz, con un 36%. Además, la CNE exige poder vetar las decisiones del Consejo de Administración de Medgaz si atentara contra la seguridad en el suministro. El enfado argelino es tan fuerte que quieren revisar los precios del suministro de gas a España y se han acercado a los italianos, la segunda puerta europea para el gas del Mabgreb.
Por cierto, Pérez de Bricio no se cree que la OPEP vaya a reducir su producción de petróleo, y, aunque CEPSA construye dos plantas para fabricar biodiesel, no cree que España disponga agricultura suficiente para cambiar la gasolina por los biocombustibles.