Al final, todo el debate sobre la gestión del Gobierno ha acabado por sedimentar donde era lógico que sedimentara: en sí, el Gobierno debió enfrentarse a los piratas o pagarles. Por tanto, como nos aseguran los chicos de El País, la marina española no debió disparar dado que no se defiende uno de unos secuestradores que huyen.
Un argumento que se deriva de un equívoco muy habitual: el de que no hay más violencia que la violencia física e inmediata. La progresía viene a concluir que si el secuestrado no opone resistencia no hay violencia. Para el progre, violencia sólo es golpear o disparar.
Vamos a ver, diga lo que diga el protocolo de Atalanta, si alguien me ha privado de libertad, incluso si me insulta, está ejerciendo violencia contra mí. Si alguien me retiene contra mi voluntad, también, y si alguien ha secuestrado hace 47 días, también. En otras palabras, los marineros españoles debieron actuar violentamente. El Gobierno Zapatero no lo ha hecho porque es un cobarde pero los secuestros, insistimos, sólo se solucionarán como se solucionaron los secuestros aéreos de los años setenta: sin ceder al chantaje y empleando la fuerza.
Pero lo más divertido ha sido la opción de la Fiscalía -es decir del Gobierno- que ha solicitado a los jueces investigar de dónde ha salido el dinero del rescate así como los medios financieros y jurídicos de los que han hecho gala los piratas (por ejemplo, quien paga a sus abogados en España). Tengo la sospecha de que esa investigación no nos va a proporcionar muchos resultados por lo que ZP seguirá presumiendo de que todo se ha hecho conforme a la legalidad.
No me pregunten por qué lo se.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com