• Y Unipost, su principal competidor, aplaude el informe.
  • Desde 2010, Correos acumula más de 16 millones de euros en sanciones.
  • La última, en enero de este año: la CNMC impuso una multa de 8,17 millones de euros por abuso de posición dominante.
  • La compañía provisionó en 2013 hasta 47 millones de euros para hacer frente a este tipo de sanciones.
  • Entre las medidas solicitadas ahora, el organismo pide que se limiten los privilegios que Correos tiene por ley y que implican presunción de veracidad y fehaciencia en las notificaciones de órganos administrativos.
  • Y que su red de oficinas sea accesible al resto de operadores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Estado que adopte una serie de medidas para abrir más a la competencia la adjudicación de los servicios postales de la Administración General del Estado. Y es que algunos de los requisitos incluidos en los pliegos de los concursos públicos limitan enormemente las posibilidades de otros operadores alternativos a Correos.

Operadores como Unipost, su principal competidor, que en septiembre de 2013 se adjudicó el contrato de envíos postales de la Agencia Tributaria, hasta entonces gestionado por Correos.

Con este informe, el organismo que preside José María Marín Quemada estrecha un poco más el cerco a la empresa pública que además, desde el año 2010, acumula multas por más de 16 millones de euros. La última, la impuesta el pasado mes de enero, de 8,17 millones de euros por abuso de posición dominante. Concretamente, por aplicar a sus grandes clientes descuentos imposibles de replicar por la competencia.

Todo esto no parece sorprender a Javier Cuesta, presidente de Correos (en la imagen). Las cuentas de la compañía a 31 de diciembre de 2013 incluyen 47 millones de euros de provisiones para hacer frente a este tipo de sanciones.

Entre las medidas solicitadas ahora, la CNMC pide que se limiten los privilegios que Correos tiene por ley y que implican presunción de veracidad y fehaciencia en las notificaciones de órganos administrativos. Además, pide que la empresa pública abra su red de oficinas al resto de operadores.

Pablo Ferrer

pablo@hispanidad.com