• En teoría claro, porque, si consideramos el efecto que el rescate tiene sobre la prima de riesgo, el coste anual se eleva a 4.400 millones de euros anuales... solo en concepto de riesgo-país.
  • A ello hay que añadir el coste de la SAREB, una subvención encubierta a las entidades.

Parece que al final los casi 40.000 millones de euros que percibirá el Estado español para recapitalizar tres cajas de ahorros y un banco, filial de caja de ahorros, van a tener un coste inferior al 1%. Una buena noticia porque si el Tesoro, dirigido por Íñigo Fernández de Mesa (en la imagen), hubiera tenido que acudir a los mercados esta financiación le habría costado alrededor de un 5,5%. No cabe duda de que es un ahorro importante: 1.800 millones de euros anuales aproximadamente.

Sin embargo, parece que nadie tiene en cuenta, al menos entre nuestras autoridades, lo que tantas veces hemos apuntado desde Hispanidad: 40.000 millones de deuda nueva incrementan el coste al que hay que refinanciar la ya emitida (622.000 millones de euros en el caso del Estado).

Tan sólo con que el coste de esta última se incremente un 0,3%, todo el ahorro aparente ha desaparecido. Ahora mismo, la diferencia entre el coste de la deuda alemana y la española, la famosa prima de riesgo, es del 4%. Una parte importante de esa diferencia se debe ya a los apoyos que nuestro Estado ha dado a la banca española y a los que se esperaba que llegase a dar. Sólo con que la cuarta parte de ese sobrecoste, el 1%, fuera imputable a las ayudas a las cajas de ahorros, el rescate bancario nos estaría costando 4.400 millones de euros al año durante los quince años que prevén nuestras autoridades que pueda llegar a durar, al menos las de la SAREB.

Ya sabemos que nuestras autoridades nos han prometido importantes lucros con las ventas de los inmuebles que se adjudique la SAREB y las participaciones en los bancos nacionalizados. En el caso de los inmuebles, lo que nos ocultan es que había compradores para los mismos pero que las entidades los han rechazado. Ya imaginan que si los han rechazado es porque los precios que ofrece la SAREB son mejores y la diferencia entre ambos precios, el ofrecido por los inversores privados y el ofrecido por la SAREB, no es sino una subvención encubierta que no sabemos a cuánto asciende.

La alternativa, vender a inversores privados, habría generado más pérdidas no sólo a las entidades auxiliadas sino a las no auxiliadas, porque los valores de los inmuebles en los mercados habrían caído. Esas pérdidas debieran ser de los accionistas de las entidades, en primer lugar, y en caso de no poder ser absorbidas por estos, de los acreedores con peor orden de prelación de créditos, es decir: obligacionistas subordinados y partícipes preferentes, pero no de los contribuyentes. Pero claro, imaginen el escándalo si estos últimos llegan a perder más aún de lo que están perdiendo y de lo que se les está proponiendo cuando, en muchos casos, estos afirman que han sido engañados en el proceso de comercialización de dichos títulos.

Del negocio de la venta de participaciones en entidades auxiliadas, ni hablemos. Ni las autoridades confían plenamente en ellas cuando nos dicen que si en cinco años no funcionan, al menos en los casos de Novagalicia Banco (la entidad que se creó porque Feijóo insistió en el criterio de galleguidad para aceptar la desaparición de las antiguas cajas gallegas) y Cataluña Banc (antigua Caixa Cataluña), las liquidará. Y en el caso gallego hay polémica, porque en principio la Troika ha dado marcha atrás.

En definitiva: una maraña de ayudas y soluciones ad hoc que imposibilitan decir cuánto nos ha costado ni cuánto nos va a costar, aunque sepamos que nos ha costado… y mucho.

Rubén Manso

ruben@hispanidad.com