Sr. Director:
En Cataluña, el Gobierno Tripartito pretende resucitar la polémica entorno a la legitimidad de la educación diferenciada por sexos, exigiendo la coeducación a los centros de enseñanza como requisito imprescindible para acceder a futuras subvenciones públicas. Negar el concierto a los centros de educación diferenciada es una fatal restricción al derecho fundamental de los padres a elegir el tipo de formación que deseen para sus hijos. Las convicciones y prioridades de las familias son las que deberían fundamentar una opción educativa, y no las imposiciones ideológicas de un Gobierno determinado o las ataduras feudales de la pura zonificación escolar.
La educación de las generaciones venideras es demasiado importante para estar sometida a los antojos ideológicos de los gobiernos de turno. La coeducación y la educación diferenciada por sexos son dos opciones válidas y legítimas que enriquecen la oferta educativa de un país y contribuyen a respetar y reflejar la pluralidad social.
En las últimas tres décadas se han publicado rigurosos estudios a escala internacional que dan fe del buen rendimiento académico y de la óptima formación de los centros diferenciados por sexo, y países de gran tradición escolar como Australia, Gran Bretaña, Francia y Suecia se están planteando la educación diferenciada como alternativa a la crisis escolar que acosa las aulas de medio mundo. Además, en diversas naciones de nuestro entorno, es el propio Estado quien se encarga de proporcionar a los ciudadanos educación pública mixta y diferenciada, concediendo a los padres la plena libertad de escoger el sistema que prefieran.
No hay que tener miedo a la libertad, tampoco a la libertad de enseñanza. Retirar las ayudas públicas a la educación diferenciada sería limitar las posibilidades de muchas familias a la hora de pensar en la educación de sus hijos. Sería contribuir a forjar un mundo en el que sólo los adinerados podrían desafiar con sus recursos las opciones establecidas.
Enric Vidal
enric.vidal@bell-lloc.org