Ningún español cree en la Administración de Justicia. Es más, se trata de la institución y los profesionales con peor fama, incluidos policías y periodistas, dos de las profesiones que trabajan de noche y empiezan por p. Pero cuando interesan, ¡ay! socorren. Por ejemplo, con celeridad meteórica, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dicho a Isabel López García Nieto, secretaria titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Colmenar Viejo, provincia de Madrid, que no puede alegar objeción de conciencia para casar a dos homosexuales, y que tendrá que hacerlo le guste o no. Incluso le amenaza: no sólo no debe negarse, sino que debe cooperar digamos con entusiasmo y espíritu risueño.

Por cierto, estruendoso silencio el de los juristas y altos cargos presuntamente opuestos a la barbaridad del matrimonio gay. A Isabel no le apoya nadie.

Naturalmente, el Gobierno Zapatero, con parada y fonda en la inefable Teresa Fernández de la Vega y en Juan Fernando López Aguilar, no admite la objeción de conciencia por tres razones: porque me da la gana, porque me da la gran gana y porque me da la realísima gana. Tres razones de peso.

Y naturalmente, aquellos que piensan como doña Isabel, la han dejado más sola que la una. Ahora, la susodicha se encuentra, por coherencia, en el siguiente dilema: o conculcar su conciencia o quedarse sin trabajo. Con razón decía Juan Pablo II que la coherencia es el martirio del siglo XX.

Pero con ser grave el caso de Isabel, más grave es la cuestión de fondo : en pocas palabras. El Gobierno Zapatero, con cargo al matrimonio sarasa, se carga el derecho a la objeción de conciencia. Nada menos. Ahora bien, si se suprime la objeción de conciencia, también para funcionarios, entonces la rebelión social, el fraude de ley, el incumplimiento de la ley es decir, el Estado de Derecho-, la elusión fiscal y la violencia están permitidos. Yo, al menos, no encuentro razón alguna para obligar a Isabel a casar homosexuales y luego lanzar a la policía contra los batasunos o perseguir a un defraudador. Ambos tienen razones, algunas de peso, para hacer lo que hicieron: injusticias pasadas, situaciones de apuro, opresión política, sincera creencia en la independencia de un territorio o en las esencias de un pueblo, etc.

Y es que los derechos humanos son como la verdad: indivisibles. Si se conculca uno, y conculcar la objeción de conciencia es conculcar la libertad de pensamiento, se están conculcando todos. Insist el abajo-firmante, al menos, no se siente con fuerza moral para criticar a quienes practican cualquiera de las anteriores reprobables formas de rebelión contra el Estado y contra el Bien Común, si se obliga a un juez a casar a dos homosexuales.

Lo cual no deja de constituir la senda más segura hacia la ley de la selva, aunque el reino animal se caracteriza, mayormente, por aplicar parámetros sexuales de vulgar normalidad y por renunciar a las fantasías de la brown revolution. La naturaleza es muy anticuada, y la objeción de conciencia le importa un pimiento. Como a Zapatero.

Eulogio López