• Literalmente, la CE recomienda a España "explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos". 
  • También recomienda al Gobierno adoptar medidas adicionales sobre los impuestos medioambientales, sobre todo los gravámenes sobre los carburantes.
  • No obstante, España saca 1.900 millones para empleo juvenil de los 6.000 presupuestados. Se retrasa a julio el plan de financiación para pymes.
  • Sobre la reforma de las pensiones, la CE propone a España "alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida".
  • Bruselas también nos pide una reforma de la Administración y "mejorar la calidad del gasto público en todos los niveles de Gobierno".
Fijémonos en qué ha sacado España de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en Bruselas.

En lo que respecta a las medidas para combatir el desempleo juvenil, los Veintisiete acordaron adelantar a 2014 y 2015 los 6.000 millones de euros destinados a esta iniciativa, inicialmente previstos entre 2014 y 2020. Pero lo más importante: España será el país más beneficiado con el fondo de empleo juvenil y podría recibir unos 1.900 millones de euros en los próximos dos años, según las estimaciones del Gobierno.

Esa cantidad se destinaría a la denominada "garantía juvenil": el compromiso de ofrecer a los menores de 25 años que dejen el sistema educativo un trabajo, prácticas o formación en un plazo máximo de cuatro meses. Cada país deberá presentar un plan antes de que acabe el año. Y es que, recordemos, España padece una tasa de paro juvenil del 56,4%, la segunda más alta de la UE, sólo por detrás de Grecia.

En cuanto al plan para pymes, Bruselas propuso tres alternativas, aunque el Consejo Europeo retrasó la decisión hasta julio, si bien su intención es que estos mecanismos comiencen a funcionar en enero de 2014. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy (en la imagen), señaló que todos los líderes europeos están de acuerdo en que es "esencial" que el BEI mantenga la máxima calificación crediticia, la 'triple A' para limitar el margen de apalancamiento al que podrá recurrir la entidad.

Por otra parte, los Veintisiete respaldaron el calendario de reformas fijado por la Comisión Europea para España a cambio de dos años adicionales para corregir el déficit. El Ejecutivo comunitario ha fijado de plazo hasta el 1 de octubre para que el Gobierno adopte "medidas eficaces" y para que informe en detalle de la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos.

Entre otras medidas, la UE pide a España culminar antes de fin de año la regulación del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones y que realice una "revisión sistemática" del sistema tributario para marzo de 2014. No obstante, el acuerdo final ofrece más flexibilidad a España en cuanto a la edad de jubilación, suavizando la exigencia de que aumente en función de la esperanza de vida a cambio de un ajuste de las pensiones como alternativa. Así, finalmente el texto propone "alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida".

Por otra parte, Bruselas recomienda a España, -nótese el eufemismo- "una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa y explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos", así como adoptar medidas adicionales sobre los impuestos medioambientales, sobre todo los gravámenes sobre los carburantes.

El texto incluye una mención a los "impuestos indirectos" sobre la energía y se pide al Gobierno que reduzca el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, así como abordar el déficit de la tarifa eléctrica, la reforma de la administración local y la Ley de Desindexación.

Además, los Veintisiete piden al Gobierno español que apruebe y aplique "urgentemente" el proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado y que antes de año apruebe la Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo al Emprendedor.

También apremia a España a "definir para octubre de 2013 un plan para mejorar la eficiencia del conjunto de la administración pública", "mejorar la calidad del gasto público en todos los niveles de Gobierno" y realizar una "revisión sistemática de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar".

Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com