Sr. Director:
Con motivo de la renovación del convenio entre la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid, vemos que prosigue la ofensiva del Gobierno contra la participación de los capellanes católicos en los comités de ética encargados en los centros sanitarios públicos de estudiar los casos en que se debe aplicar los cuidados paliativos a enfermos terminales.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha anunciado que lo llevaran a la fiscalía alegando que en el Sistema Nacional de Salud no se puede "imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas". Recordemos que el sistema nacional lo pagamos todos, yo llevo más de 40 años cotizando.
No deja de resultar llamativo que la portavoz del Gobierno, como ya hiciera el día anterior el diputado socialista, Álvaro Cuesta, ocultara a la opinión pública que el convenio en cuestión es una renovación del ya suscrito en 1997 y que deriva de otro firmado por el Gobierno entonces presidido por el socialista Felipe González y la Conferencia Episcopal en 1985, en el marco de la libertad religiosa reconocida por la Constitución.
Igualmente llama la atención que la señora De la Vega, tal y como viene haciendo el Gobierno cada vez que ha emprendido algún ataque a la Iglesia católica, insista en que "no se pueden imponer creencias religiosas" pero, en cambio, considere legítimo que si se pueda imponer la ideología de su partido.
José Morales Martín
jomomartin@gmail.com