La Audiencia de Lérida procesa a un alto cargo de la Consejería de Política Territorial, que lidera Joaquim Nadal

La Audiencia Provincial de Lérida, con fecha 25 de abril, ha emitido un auto de procesamiento penal contra Teresa Casals Escuer, jefa de Sección en Lérida de la Consejería de Política Territorial de la Generalitat, que lidera Joaquim Nadal Ferreres. Casals es cap de secció d'Actuació Administrativa i Regimen Sancionador del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, y la Sala de lo Penal de la Audiencia le acusa de un delito de coacciones a la funcionaria de la Consejería Begoña Solé. Tras un periodo de instrucción de dos años, los magistrados consideran que existen indicios de delitos y decretan la apertura de juicio oral.

En estos dos años, la demandante aportó dos actas de la Inspección de Trabajo, que concluyeron en dos sanciones administrativos a la Consejería por valor de 5.000 y 40.000 euros respectivamente, por un ataque directo a la dignidad de la trabajadora y por adjudicarle trabajo de inferior categoría a los que le corresponden, trabajos "inútiles y penosos" (en concreto archivar papeles del año 1936). Ejemplo: archivar el expedientes de licencias de concesión de gasolineras de antes de la Guerra Civil, una tarea absolutamente prioritaria en la Administración pública catalana.

En el juicio oral, además, la acusación particular solicita la ampliación de imputaciones a los delitos de lesiones y contra la integridad moral de la persona, acusaciones que no sólo pesaban sobre Teresa Casals sino sobre el máximo representante del conseller Nadal en Lérida, Jordi Benet y con su hombre de confianza José Suárez Gixé, hijo de José Suárez Peña, hasta hace un mes secretario general de la misma Consejería de Política Territorial.

La implicación del Tripartito en este primer caso de ‘mobbing' es clara. De entrada, los querellados Benet, Casals y Suárez Gixé han sido defendidos en todo momento por la cúpula de la Generalitat, que, a pesar de tratarse de un caso penal, decidió asumir el coste de la defensa jurídica de los tres querellados, nada menos que con la asignación de la letrada Esther Capella Farré, presidenta de los Juristas Demócratas catalanes (asociación de letrados próximos al Tripartito), conocida por su participación en la ponencia del Estatut y propuesta por el Tripartido para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además, altos funcionarios de la Generalitat han presionado a la funcionaria para que retire su querella, e incluso han llegado a enviar mediadores, a partir del primer procesamiento del juez instructor. El temor del conseller Nadal, aún hombre fuerte del PSC, aunque políticamente disminuido tras el relevo de Pasqual Maragall por José Montilla, es que su hombre de confianza en Lérida, el precitado Jordi Benet, haya intervenido en el ‘mobbing' a una trabajadora, en lo que sería la primera sentencia condenatoria por ‘mobbing' en la Administración española.

Por si fuera poco, Joaquim Nadal ha seguido el caso de la persecución de Begoña Solé desde su comienzo, en el año 2004, cuando la propia funcionaria le entregó toda la documentación. Por otra parte, se da la circunstancia de que Nadal está preocupado por las actuaciones de su hombre en Lérida, Jordi Benet, quien fuera accionista de referencia de la controvertida concesionaria de obras Proyectec SA, de la que ya informara Hispanidad, y que actualmente continúa realizando trabajos para la Consejería en Lérida. Tras la publicación de esta curiosa duplicidad: el delegado de obras Públicas de la Generalitat en Lérida es el fundador de una concesionaria de Obras Públicas que trabaja para la Generalitat. Antes de la publicación en este periódico electrónico del caso Proyectec, Benet había cedido su participación accionarial en la concesionaria a su hermana Inmaculada y hoy Proyectec es gestionada por su cuñado Antonio Vico Martín. En la Cataluña de hoy, marcada por el 3% de Maragall, casos como éste queman las manos. Por eso, resulta primordial para el actual presidente, José Montilla, que el presunto caso de 'mobbing' que salpica a la Conselleria de Política Territorial no termine en una sentencia condenatoria y, sobre todo, que la querella penal no se extrapole a toda la política de contratas del Gobierno catalán. Dicho de otra forma, Begoña Solé debía ser silenciada. Pero la Generalitat no contaba con la actitud decidida de la Inspección de Trabajo y de la forense-jefe de los juzgados leridanos, quienes han dictaminado las lesiones producidas por la conducta de los mencionados. O, al menos, por el momento, de Teresa Casals, que, para evitar riesgos mayores, ya ha sido discretamente relevada de su cargo en la Conselleria.