El Tribunal Supremo ha paralizado el derribo de un barrio valenciano, pero la Generalitat de Camps insiste en su demolición. Caamaño advierte que los servicios jurídicos del Estado estudian el caso y actuaremos en consecuencia. De la Vega añade que el Gobierno se rige por criterios de legalidad y de protección del patrimonio histórico-artístico contra el expolio, es más, sugiere intereses urbanísticos por parte de de la Generalitat valenciana: Serán ellos los que tengan que explicar por qué tanta prisa en derribar un barrio histórico para construir otro en su lugar.